Laboral - 22/02/10

¿Son los empleados públicos culpables de la crisis económica?

En todos los medios de comunicación; periódicos, programas radiofónicos, tertulias televisivas se viene proclamando de una forma repetitiva e inclusive en algunos momentos podríamos definirlo como machacona que una de las medidas fundamentales para combatir y salir de la crisis económica consiste en la congelación de los sueldos de los funcionarios.  

 

Los funcionarios públicos durante una serie de años hemos perdido poder adquisitivo al tener nuestro sueldo congelado (exactamente ocho años), y me gustaría que me respondieran a la siguiente pregunta: ¿Con esta medida se ha conseguido la solución a los problemas económicos que tiene España?   Bajo mi punto de vista no porque pese a que hemos tenido el sueldo congelado seguimos inmersos en una crisis económica bastante profunda y duradera.

Es innegable que los funcionarios efectivamente tenemos el sueldo fijo y afortunadamente y de “momento” tenemos la nómina en nuestra cuenta corriente bancaria todos los fines de mes; cuestión que no ocurre con la totalidad de los trabajadores de este país; aunque me  gustaría recordar los siguiente,

El artículo 103.3 de la Constitución Española,  que señala el modelo de acceso a la función pública dice: «La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de   sus funciones».

Bajo mi punto de vista que quiere decir este artículo, todas los ciudadanos se encuentran en igualdad de condiciones para acceder a la Administración Pública y convertirse en empleados públicos tras superar el proceso selectivo correspondiente; y entonces me gustaría preguntarme  ¿Porqué en algunos foros o tertulias radiofónicas se nos considera como ciudadanos de primera, cuando todos los ciudadanos tienen igualdad de condiciones para acceder a una plaza de empleado público?

Considero que el mero hecho de que un ciudadano se presente a las pruebas selectivas para ser empleado público es una opción totalmente voluntaria y que todo el mundo se encuentra en igualdad de condiciones al ser publicados en los Boletines Oficiales correspondientes toda la información relativa a cada uno de los procesos selectivos que se convoquen ya sea en la Administración Estatal, Autonómica o Local.

Quisiera recordar que en los momentos de bonanza económica, todos los ciudadanos no tenían la voluntariedad de ocupar plazas en el sector público por varias razones entre las que podemos destacar:

* Salario económico es menor en las empresas públicas que en las privadas, no importando tanto la precariedad laboral.

* No preocupa la seguridad en el trabajo.

Por lo tanto desde estas líneas me gustaría hacerme las siguientes preguntas:

* ¿Por qué se demoniza a los trabajadores del sector público en tiempos de crisis?

* ¿Por qué se piensa continuamente que  una de las primeras medidas para combatir la crisis económica es la congelación salarial?

Para conseguir el objetivo de reducción de costes en la Administración Pública, impondría otro tipo de medidas diferentes como,

  1. Reducción de altos cargos y sus emolumentos.
  2. Reducción drástica del número de consultorías o trabajos externos que trabajan para el sector público.
    1. Ser conscientes de que una Administración Pública no se puede gestionar con las mismas directrices que las empresas privadas ya que sus objetivos son diferentes.  Empresas privadas es maximizar el beneficio y las Empresas públicas es dar un servicio.  

Con este texto espero haber dado unas ideas para mostrarles que los funcionarios públicos y su congelación salarial no debería ser una medida para combatir la crisis económica y que existen otras medidas diferentes.

1 comentario sobre ¿Son los empleados públicos culpables de la crisis económica?

  • monty

    Hace unos días leía un comentario realizado en la web de un medio de comunicación aragonés, a raiz de una información sobre las medidas de control de horas extraordinarias en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que, bajo el título de «No pido perdón», una funcionaria manifestaba que no tenía la culpa del mal funcionamiento de la administración, en manos de asesores, personal de confianza y altos cargos de libre designación, y que tampoco juzgaba a todos los periodistas por los del corazón, ni a los comerciantes por algún bribón, ni a los taxistas por algún bocazas, ni a fontaneros, electricistas y albañiles por algún chapuzas. Tampoco admitía las campañas orquestadas por los políticos para que no se hable de su mala gestión. Finalizaba diciendo que no pedía perdón, pero que exijía respeto y educación, lo cual se entendía a la vista de muchos de los comentarios ofensivos que se dejaban en la web sin control alguno.
    Creo que esas palabras reflejan el sentir de muchas personas. Ahora que el dinero no circula a manos llenas, los máximos responsables de nuestras instituciones, siguen pensando en grandes fastos y desvían la atención hacia el chocolate del loro (horas extras, absentismo laboral, etc.), pero no actúan contra el principal problema, la mala organización política de la función pública. En estas últimas décadas no ha aumentado la burocracia administrativa (los funcionarios de a pié, de atención al público) sino que ha engordado el clientelismo político, la oligarquía dirigente ligada a los partidos en el poder.
    Se quiere una administración a la americada, diciendo que cuando cambia el partido en el poder, se van a la calle los funcionarios nombrados por dicho partido, pero no dicen que también se van los políticos del partido que pierde las elecciones, en todas las instituciones (salvo congreso y senado). Lo que tampoco dicen los que pretenden acabar con el modelo de administración pública español, es que la seguridad jurídica de los ciudadanos, de los votantes, también desaparecería sino existiesen funcionarios independientes e inamovibles, porque lo que pretenden es que esos nuevos funcionarios, interinos de una forma u otra, firmen lo que se les pone delante, sin que exista advertencia de ilegalidad o informes contrarios, lo que supondría finalmente una total arbitrariedad y abuso de poder.

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