Política - 29/06/15

Estructuras financieras y hacienda pública en la España del XIX

En este breve trabajo aportamos unas pinceladas sobre las estructuras financieras y de la hacienda pública en la España liberal.

Laureano Figuerola

Laureano Figuerola

Dinero y banca

La modernización del sistema monetario consistió en la implantación de una sola unidad monetaria, dada la diversidad de monedas de distintas épocas y regiones que circulaban en España como herencia del Antiguo Régimen. El gran cambio en la España liberal con el fin de obtener una moneda moderna, terminar con el caos, modernizar la economía y alinearse con la Unión Monetaria Latina se dio con el gobierno provisional surgido de la Revolución de 1868. El ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, implantó la peseta, equivalente a 100 céntimos, como unidad monetaria oficial, una pieza que tenía un origen catalán. En 1870, la peseta se convirtió en unidad de cuenta oficial.

Al mismo tiempo que se reformaba el sistema monetario se produjo un largo proceso de implantación de un nuevo sistema bancario. El primer banco había sido el Nacional de San Carlos de 1782. Pero tras su quiebra, y para solucionar en parte los problemas económicos de la Deuda, se creó en 1829 el Banco Español de San Fernando, cuya función básica era la de prestar dinero al Estado. En el reinado de Isabel II se fundaron dos bancos más: el Banco de Isabel II en Madrid y el Banco de Barcelona. Pero la rivalidad entre el de San Fernando y el de Isabel II, llevo a ambos al borde de la quiebra. El gobierno los fusionó. En 1856 este nuevo banco pasó a denominarse Banco de España. Tras las leyes bancarias del Bienio Progresista, relacionadas con la Ley de Ferrocarriles, surgieron diversos bancos, aunque muchos de ellos se hundieron en la crisis de 1866. Otra época de creación de bancos se dio tras el desastre colonial del 98, cuando se repatriaron muchos capitales situados en las colonias perdidas.

 

Hacienda pública

 

La reforma hacendística más importante del siglo XIX fue la de Mon-Santillán en 1845 que acabó con el desorden de la hacienda del Antiguo Régimen y sentó las bases de una hacienda moderna: simplificación y racionalización del sistema fiscal, además de la extensión a toda la población de los impuestos, lo que suponía la aplicación del principio liberal de igualdad ante la ley. Aún así, la reforma no alcanzó la equidad en la contribución al primar los impuestos indirectos (consumos), ni la suficiencia en los ingresos. El término de “consumos” se refiere al conjunto de impuestos indirectos que gravaban el consumo de la población. La denominación aludía a varias figuras impositivas, generando cierta confusión hasta la reforma hacendística de Mon-Santillán. En ese momento se creó la Contribución General de Consumos. Era un impuesto general, ordinario e indirecto que gravaba una veintena de productos básicos, de “comer, beber y arder”. A cada población se le asignaba una cantidad anual que debía remitir a la hacienda pública. La cantidad se calculaba atendiendo al número de habitantes de cada localidad, entre otros criterios. Pero, además, los ayuntamientos estaban autorizados a imponer recargos sobre los productos gravados de hasta un 100%. De esta manera, esta contribución se convirtió en la principal fuente de ingresos, tanto de la hacienda nacional, como de las locales. Los consumos generaron muchos problemas por las dificultades para su recaudación, coexistiendo varios procedimientos para hacerlo. Pero la polémica principal tenía que ver con el hecho de que gravaba productos de primera necesidad, afectando a las clases populares. Muchas de las revueltas, protestas y motines decimonónicos tuvieron que ver con el deseo de la población de rebajar o suprimir los consumos, o esta demanda acompañaba a otras de diverso signo, como las que tenían que ver con el sistema de reclutamiento, y la elevación de los precios por la falta de pan, dadas las periódicas crisis de subsistencia que aún en el siglo XIX se daban en España. Los consumos encarecían el precio final de los productos pero, además, su recaudación generaba una clara desigualdad, ya que los grandes propietarios y comerciantes podían zafarse de los consumos gracias al fraude. Por otro lado, se protestaba también porque los intermediarios basaban sus negocios en el recargo y encarecimiento de los productos básicos.

En relación con la hacienda decimonónica hay que resaltar la creación del presupuesto, documento en el que el Estado registra las previsiones de ingresos y de gastos, y que se produjo en tiempos de Fernando VII. Con el establecimiento del sistema liberal el presupuesto debía ser aprobado por las Cortes, ya que los ingresos procedían de las contribuciones de los ciudadanos.

El principal problema de la Hacienda española del siglo XIX fue la insuficiencia de ingresos, que no alcanzaban para cubrir los gastos del estado. El presupuesto siempre fue deficitario. Y como las necesidades del Estado se incrementaron durante el siglo (especialmente, por las guerras), no quedó más alternativa que emitir deuda pública. Esta deuda pública se vinculó en el reinado de Isabel II a las desamortizaciones, especialmente a la de Mendizábal. La deuda pública tuvo una influencia muy negativa en la economía española, ya que absorbió capital que podía haberse canalizado hacia la economía productiva.

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