Juan Bravo Murillo entre la tecnocracia y el liberalismo doctrinario
Juan Bravo Murillo nació en Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz, en el año 1803. Estudió Teología y Derecho. En 1825 obtuvo la Cátedra de Filosofía en Sevilla, aunque terminaría marchándose a Madrid para seguir una brillante carrera como abogado, y posicionándose en las filas del liberalismo doctrinario o moderado. Bravo Murillo siempre tendió hacia posicionamientos muy conservadores y hasta autoritarios, concediendo a la administración un papel rector fundamental en el Estado. Podría ser definido como un tecnócrata autoritario.
Entre 1837 y 1840 fue diputado por el Partido Moderado en las Cortes. Conspiró contra el regente Espartero, por lo que tuvo que exiliarse en Francia, donde residió hasta 1843 cuando cayó el general. Bravo Murillo tuvo un gran protagonismo político durante la Década Moderada, participando en la elaboración de la Constitución de 1845, más moderada que la de 1837, considerada como un texto de compromiso entre las tesis progresistas y moderadas. Fue nombrado miembro del Consejo del Reino y presidente de la Comisión de Codificación, un organismo fundamental porque tenía como misión elaborar el Código Civil. Ocupó diversas carteras ministeriales: Gracia y Justicia, Comercio, Industria e Instrucción Pública y, por fin, Hacienda. De esta época habría que destacar que sacó adelante la Ley de Administración y Contabilidad (1850).
En enero de 1851 alcanzó la presidencia del Consejo de Ministros, además de ocupar la cartera de Hacienda, cuando cayó Narváez. Bravo Murillo intentó poner en marcha un vasto programa de signo tecnocrático, de reformas administrativas, alejado de los debates y la política parlamentaria, es decir, gobernando de forma más bien autoritaria. Se propuso sanear la deuda pública española. Durante su gobierno se iniciaron las obras del Canal de Isabel II, una de las realizaciones prácticas en infraestructuras más importantes de todo el siglo XIX. En este campo también se hizo un esfuerzo por fomentar la red ferroviaria. Otra de sus principales realizaciones fue poner en marcha una moderna administración a través de un real decreto del año 1852. También se llegó a la firma en 1851 del primer Concordato de la época contemporánea española para restablecer relaciones armoniosas con Roma después de la desamortización. Este Concordato permitió recuperar poder e influencia a la Iglesia por varias razones. En primer lugar, porque se reafirmó la oficialidad religiosa católica de España con exclusión de otros cultos. Se otorgó al clero la inspección del sistema educativo para que no entrara en colisión con la moral católica. También se le permitió poder adquirir bienes, aunque tuvo que admitir las ventas producidas por la desamortización. Se permitió la existencia de órdenes religiosas masculinas y se creó la Contribución de “Culto y Clero”, por la que el Estado se comprometía a sostener a la Iglesia Católica, aspecto que, salvo en la Segunda República, y con modificaciones, se ha mantenido hasta hoy.
Por lo que comprobamos, la tarea del gobierno de Bravo Murillo fue intensa, pero en 1852 apareció un escollo en el afán reformista tecnocrático de nuestro protagonista. Bravo Murillo deseaba una reforma constitucional que hiciera más moderada aún la Constitución de 1845, y que había sido elaborada y aprobada por los propios moderados. Quería un texto constitucional que garantizase más el principio de autoridad, en línea con lo que estaba haciendo Napoleón III en Francia. A primeros de diciembre de 1852 hizo públicos sus deseos reformadores. Las ideas de esta reforma pasaban por un reforzamiento del poder ejecutivo frente al parlamento con varias medidas, destacando el permiso al gobierno para legislar a través de los decretos en momentos de urgencia. También pretendía un recorte de derechos, especialmente la libertad de imprenta. Pero este proyecto fracasó porque generó una fuerte oposición, incluida la de una gran parte del moderantismo. Eso hizo que, junto con ciertas desconfianzas de la reina hacia su figura, presentara su dimisión el 13 de diciembre de 1852. Se inició una última etapa de la Década Moderada de fuerte crisis del Partido Moderado y donde abundaron los casos de corrupción, propiciando que en 1854 se diera la Vicalvarada. En ese momento, Bravo Murillo optó por exiliarse de nuevo en Francia. Regresó después y llegó a ser presidente del Congreso de los Diputados en 1858. Murió en Madrid en 1873, ya retirado de la política.