Historia y Política - 20/05/17

Las Diputaciones Provinciales en el Estado liberal

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Constitución de Cádiz

La Constitución de 1812 creó las Diputaciones Provinciales. En su artículo 325 se establecía que en cada provincia existiese una Diputación para promover la educación y la economía. La Diputación estaría presidida por el jefe superior. Estaría conformada por el intendente y siete miembros elegidos. Al parecer, el carácter de esta nueva institución generó cierto debate, estableciéndose al final una especie de dualidad o equilibrio entre lo estrictamente representativo y lo puramente gubernamental.

La Diputación Provincial se convirtió en un órgano consultivo para el liberalismo español. La legislación posterior así lo confirmó. La autoridad en la provincia era el jefe político, que podía solicitar de la Diputación informes y consultas sobre diferentes cuestiones de gobierno y fomento. La Ley de 1823, en el Trienio, dejó muy clara esta autoridad, que emanaba del Gobierno. También es cierto que la Diputación adquirió otras funciones más que las puramente consultivas y que tenían cierta importancia. Destacaría la de repartimiento de los cupos de la contribución entre los Ayuntamientos de su provincia, así como el establecimiento de los contingentes para cubrir el reemplazo del Ejército. Pero ir más allá era algo que los liberales españoles no deseaban establecer, dejando el poder siempre en el representante del Gobierno, reforzando el carácter centralista del nuevo Estado. Pero la realidad hizo que las Diputaciones fueran arañando competencias. En primer lugar, terminó por considerarse un órgano administrativamente superior al del Ayuntamiento, pero, sobre todo, comenzó a preocuparse de algunos servicios de cierta entidad y muy cercanos al ciudadano: algunas competencias en enseñanza, en la beneficencia y hasta en lo sanitario.

El liberalismo democrático, triunfante tras la Revolución de 1868, dio más importancia a las Diputaciones, aligerando el acusado centralismo previo. El artículo 99 (Título VIII) de la Constitución de 1869 definió claramente lo que debía ser esta corporación. Era una novedad importante porque los anteriores textos constitucionales, es decir, los de 1837 y 1845, remitían a leyes específicas. Ahora adquirían la dirección de los intereses de su provincia. Sus sesiones debían ser públicas, así como públicos serían sus presupuestos y acuerdos o decisiones que se tomasen. También es cierto que se les ponían límites. No podían extralimitarse en sus funciones y por eso podían intervenir tanto el legislativo como el ejecutivo para impedirlo, y tampoco podían establecer contribuciones que entraran en contradicción con los tributos generales. Pero el Sexenio no se conformó con la definición constitucional. En agosto de 1870 entró en vigor una Ley que dejaba bien delimitada lo que era una Diputación provincial. Se afirmaba su carácter representativo y surgía la figura del presidente de la Diputación. De ese modo, la Diputación dependería menos del jefe político, es decir, de la figura gubernamental. También habría que aludir a la creación de la Comisión Provincial como una especie de órgano permanente. Es importante destacar, por fin, que decenios antes de que se aprobase la Ley de Mancomunidades, se habría una tímida puerta a estas instituciones con el nombre de Juntas. El Proyecto Constitucional de 1873, con su modelo federal, solamente establecía Municipios y Estados.

La Restauración canovista supuso una vuelta al más puro centralismo al quitarle autonomía a la Diputación Provincial, como establecía la legislación aprobada en 1877 y 1882. El Gobierno central adquirió muchas facultades para poder intervenir estas corporaciones. En compensación, es cierto que casi se introduce el sufragio universal para elegir a sus miembros, porque podían votar los hombres mayores de edad que supieran saber leer y escribir. Sería un claro avance.

 

 

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