Política - 14/06/18

¿Es necesaria una Agencia Anticorrupción aragonesa?

La Presidenta de las Cortes anuncia hace unos días que la Agencia aragonesa anticorrupción podría estar en marcha en unos meses, transcurrido ya un año desde su aprobación. Esta Agencia, dependiente de las Cortes, se encargaría de recibir e investigar denuncias de ciudadanos y funcionarios sobre comportamientos irregulares no conformes con la ética.   

 

La Agencia de Integridad y Ética Públicas: su regulación.

 

Se crea por la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, cuya intención –según su preámbulo—es “construir un nuevo discurso de integridad interiorizando un conjunto de valores que nos permita garantizar a los ciudadanos el derecho a una Administración capaz de responder a las necesidades colectivas de nuestros días fortaleciendo los activos éticos, explicitando valores y estándares de conducta”. Y la Agencia que se crea “constituye uno de los instrumentos fundamentales para la promoción y garantía de la integridad y la ética públicas en Aragón”. Pocos días después de la aprobación de la ley, el Consejero de Presidencia explicaba en “Heraldo” que se trataba de un compromiso de las fuerzas de izquierda, que quedaba cumplido a mediados de la legislatura, y que “como toda norma, su práctica nos demostrará su eficacia”.

 

Lo cierto es que, tras felicitarse por la aprobación de tan importante ley, su aplicación práctica ha perdido interés, puesto que ha trascurrido ya un año de su entrada en vigor sin poner en marcha la citada Agencia, calificada como su instrumento fundamental. Nadie la ha reclamado ni ha sentido preocupación por ello, aunque se hayan incumplido los plazos legalmente previstos. ¿Resulta necesaria? ¿Podrá ser eficaz?

 

La garantía de la integridad y la ética pública en Aragón

 

La citada Agencia, ente público dependiente de las Cortes, tiene entre sus funciones, “actuar contra el fraude, la corrupción, el clientelismo y cualquier otra actuación que, en perjuicio de los intereses generales, infrinja los códigos de conducta y de buen gobierno”. Para ello, se sitúa a su frente un Director, elegido por mayoría de tres quintos del Pleno de las Cortes (¡lo que no será fácil¡), y tres Subdirectores, de evaluación, de investigación y de régimen interior, elegidos por mayoría absoluta, y dispondrá de los medios personales y materiales necesarios.

 

La cuestión que preocupa es si un ente de este tipo puede cumplir una misión eficaz en esta materia. Si realmente su existencia supondrá un efecto preventivo y disuasorio ante los comportamientos poco éticos. En la actualidad, la prevención y persecución de la corrupción en el gobierno y la administración cuenta ya con numerosos cauces: el control interno, a cargo  de la Intervención y la Inspección de Servicios, y el control y seguimiento que efectúa la oposición política en cada entidad; las cautelas de la Ley de Contratos; la Cámara de Cuentas de Aragón; el Justicia de Aragón; las Comisiones de investigación (siempre con resultados decepcionantes, por cierto); las Fuerzas de seguridad y Jueces y Fiscales.

Al menos, dado el coste inicial para su puesta en funcionamiento que menciona la Presidenta de la Cortes (400.000 euros), no parece haya riesgo de que se imite a la Agencia anticorrupción valenciana, que es el modelo que se invocó al presentar la ley, y que cuenta con treinta y cuatro personas y 2.778.650 euros de presupuesto en 2018, sin que todavía sus resultados sean conocidos. ¡Menos mal¡

 

Los lobbies

 

La Ley aragonesa de Integridad y Ética Públicas regula la actividad de los lobbies, grupos o personas que se relacionen con cargos o autoridades o empleados del sector público de Aragón con la finalidad de influenciar la toma de decisión pública en beneficio de sus propios intereses. Se les fija un código de conducta y se crea un Registro, donde deberán inscribirse, del que será responsable la Agencia de Integridad y Ética Públicas.

 

Ahora bien, como no se ha constituido todavía la Agencia, no existe el Registro ni constancia de posibles lobbies.  Y la duda es si, aparte de tratarse de un bonito gesto bienintencionado, tiene mucho sentido un registro de lobbies en Aragón. Todos sabemos que siempre han existido mesas camillas y entidades de especial influencia en las decisiones públicas, mayor o menor según el gobierno (entidades financieras, la Iglesia, importantes empresas, medios de comunicación, organizaciones empresariales y sindicales, etc.). Pero plantear que en Aragón se reconozcan formalmente como grupos de presión organizados con tal fin quizás resulta una cierta ingenuidad y desmesura. Es algo que está por ver y que tampoco parece una acuciante necesidad, dado el poco interés en  aplicar la Ley por parte de quienes la aprobaron.

 

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