Política - 20/06/18

El caso de las sociedades municipales, ¿hipocresía política?

Un artículo de la Ley de capitalidad de Zaragoza sirvió al Gobierno municipal de “Zaragoza en Común” para atribuirse la mayoría en las sociedades municipales. Lo que ha provocado un profundo enfrentamiento con los demás grupos políticos municipales. Más allá de los aspectos jurídicos del asunto, resulta sorprendente la reacción de los partidos políticos aragoneses, pues todos propusieron o no se opusieron a la aprobación de la norma que ampara esa decisión.

La Ley  10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, incluye un artículo 14, apartado u), que atribuye al Gobierno de Zaragoza (antes, Junta de Gobierno) la competencia para “la formación de la voluntad del Ayuntamiento como socio único en las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente al municipio de Zaragoza, asumiendo las funciones de Junta General”. Hasta ahora esas funciones las ejercía el Pleno de la Corporación.

Aplicando esa norma, el Gobierno de Zaragoza (ZEC) modificó la composición de los Consejos de Administración de las cuatro sociedades de capital íntegramente municipal (Ecociudad Zaragoza, Zaragoza Deporte Municipal, Zaragoza Cultural y Zaragoza Vivienda), reservándose la mayoría de sus miembros. Como quiera que Zaragoza en Común solo cuenta con nueve concejales de los treinta y uno que componen el Ayuntamiento, los demás grupos políticos han  considerado poco democrático este comportamiento y, por ello, se han enfrentado con el Gobierno municipal.

El Gobierno de la Nación entendió que esa norma podía ser inconstitucional, lo  planteó en la Comisión bilateral de Cooperación que trata de resolver las discrepancias sobre leyes autonómicas, y solicitó dictamen al Consejo de Estado, que considera inconstitucional aquel precepto, en un dictamen no vinculante. Era previsible, puesto que el Tribunal Constitucional ha venido considerando que la distribución de las competencias municipales entre los órganos de gobierno del municipio (así como las delegaciones entre ellos y el quórum para la adopción de acuerdos) constituye un elemento esencial del funcionamiento democrático municipal y, por ello, está reservada a la legislación básica del Estado (STC 33/1993, 103/2013 y 111/2016, entre otras). Por tanto, la legislación autonómica no puede variar esa distribución competencial.

Pero, aparte de esta controversia jurídica, resulta sorprendente la escandalizada reacción de los grupos políticos municipales, que ha crispado la gestión del Ayuntamiento. Parecen olvidarse del origen de esa norma que ha hecho posible la decisión de ZEC. El proyecto de ley de régimen especial de Zaragoza se presentó a las Cortes por el Gobierno de Aragón (PSOE-CHA). En él figuraba ese artículo, tal y como ya estaba en el borrador redactado por catedráticos de nuestra Universidad en 2009. El grupo político Popular presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo, en el que figuraba también ese mismo artículo. Ninguna de las 157 enmiendas parciales presentadas al articulado  (67 G.P.Popular, 36 G.P. Ciudadanos, 54 G.P. Aragonés) pusieron objeción alguna a ese precepto.

Hay que suponer que los partidos políticos representados en las Cortes de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza tienen unos planteamientos coincidentes sobre cuestiones de tanta importancia, como es el reparto de las facultades de gobierno entre los diversos órganos municipales. Por ello no se comprende la hipócrita reacción ante la aplicación de una medida que todos ellos, en mayor o menor medida, no discutieron en las Cortes. Como explicación solo cabe imaginar dos posibilidades: o pensaban que ZEC no aplicaría esa norma, pero la consideraban útil para cuando gobernaran otros; o no estudiaron a fondo el proyecto de ley y no valoraron la importancia de esa nueva norma y sus consecuencias.

Si se confirma la interposición del recurso de inconstitucionalidad y la consecuente suspensión de la aplicación de ese artículo, el conflicto quedará resuelto por ahora. Pero seguirá siendo poco comprensible la reacción de los grupos políticos municipales ante la aplicación de un precepto legal al que no pusieron objeciones sus grupos parlamentarios en el trámite de su aprobación.

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