Política - 03/05/19

Acotaciones a una legislatura: I, leyes y realidad social

Cuando concluye una legislatura de las Cortes de Aragón parece lógico efectuar un balance de la labor legislativa desarrollada, aunque no pueda ser tan extenso como exigiría un comentario detallado. Como dato a tener en cuenta se pone siempre especial énfasis en el número de leyes aprobadas, pero ello debe completarse con la consideración de su trascendencia social, su calidad y la eficacia de la regulación aprobada. No debe olvidarse que lo que caracteriza a las leyes –más que sus declaraciones de intenciones o su enumeración de objetivos y principios–, es el carácter imperativo de sus mandatos y su capacidad de obligar a sus destinatarios, tanto sean gobiernos o ciudadanos.

 

Balance legislativo

 

En su IX legislatura (2015 a 2019), las Cortes de Aragón han aprobado cincuenta y dos leyes, diez más que en la anterior. El final de la legislatura ha sido especialmente activo por la prisa de completar la tramitación de ocho nuevas leyes entre febrero y marzo. Ese conjunto de leyes incluye normas variadas y de muy distinta trascendencia. Por un lado, tres leyes de Presupuestos (2016, 2017 y 2018, pues no se llegó a aprobar los correspondientes a 2019) y cuatro suplementos de crédito; cuatro leyes de creación de Colegios Profesionales y once leyes de modificación parcial de leyes anteriores. Por otro lado, regulaciones sobre temas muy diversos: investigación e innovación, emprendimiento y autónomos, igualdad de oportunidades, discapacidad, voluntariado, actividad física y deporte, integridad y ética públicas, memoria democrática, capitalidad, comarca central, derechos históricos

Algunas de las leyes aprobadas prevén plazos de aplicación de sus mandatos que no permiten verificar su eficacia real y, en algunos casos, carecen de respaldo económico firme. Como muestra, podemos citar algunos ejemplos:

La Ley 14/2018, de Memoria democrática de Aragón. Entró en vigor el 22 de febrero y establece un plazo de dieciocho meses para la retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática.

La Ley 2/2019, de aprendizaje a lo largo de la vida adulta. Entró en vigor el 26 de marzo y se limita a prever que “se dotarán los programas con los recursos humanos, materiales y financieros” para financiar su desarrollo.

–La Ley 5/2019, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón. Entrará en vigor el 10 de julio, y, desde entonces, se da al Gobierno un plazo de doce meses para aprobar los planes de empleo, de atención integral y de atención a mujeres.

La Ley 7/2019, de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón. Ha entrado en vigor el 2 de mayo y dispone “se crearán” un Fondo especial para la segunda oportunidad mixto público-privado, un Fondo de Inversión social para el desarrollo del trabajo autónomo y de apoyo al emprendimiento

 

 

Leyes y realidad social

 

En algunas de las leyes aprobadas está claro el interés por atender diversos problemas sociales de importancia (discapacidad, autónomos, emprendedores), pero no se deja suficientemente claro cómo van a financiarse. Por lo pronto este año esa financiación no está incluida en los presupuestos.

La ampliación del reconocimiento de derechos en diversos sectores coincide, por otra parte, con la actual  tendencia a preconizar el “blindaje” de determinados derechos y desarrollarlos con más precisión. En muchos casos no está claro qué se puede querer decir con ello, cuando la Constitución y las leyes sectoriales los regulan ya. Actualmente está suficientemente reconocido el derecho al acceso universal al sistema de servicios sociales, a las ayudas por dependencia y a la asistencia sanitaria. Pero, sin embargo, hay situaciones de necesidad no atendidas y  listas de espera por tiempo excesivo.

Respecto de la situación en Aragón, algunos datos como ejemplo: En sanidad, las listas de espera, a final de marzo, incluyen 1.932 pacientes, que llevan más de seis meses esperando una intervención quirúrgica. En 2018, 38.000 personas esperaron más de cuatro meses su primera cita con el especialista; las revisiones de oftalmología tienen una demora media de 572 días.

En cuanto a la dependencia, a finales de 2018, unas 6.000 personas tienen reconocido el derecho a prestaciones, pero no las reciben y llevan varios meses aguardándolas. Otras 7.950 personas están en lista de espera para ser valorado su grado de dependencia.

A la vista de estos datos, se echa en falta que las Cortes no concentren más su atención en que los derechos reconocidos sean efectivos, dotando los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, mediante su adecuado reflejo en las leyes de Presupuestos –con datos reales—y en la labor de control y seguimiento de la acción de gobierno.

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