Política - 11/05/19

Acotaciones a una legislatura: II, leyes frustrantes

Entre las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón en su IX legislatura hay algunas que no han cumplido los objetivos que enumeran en sus preámbulos, en todo o en parte.  Se trata por eso de leyes que podríamos denominar “frustrantes”, por haber despertado unas expectativas que no han llegado a realizarse. Sus mandatos no se han puesto en práctica, bien sea por dificultades políticas, bien sea por falta de dotaciones económicas o por invadir competencias estatales y provocar recursos de inconstitucionalidad. Algunas de esas leyes aprobadas merecen un especial comentario.

 

La Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética públicas.

Preocupada por fortalecer estos principios y virtudes en la Administración, la ley crea –sobre el papel—una Agencia, que “constituye uno de los instrumentos fundamentales para la promoción y garantía de la integridad y la ética públicas en Aragón”. Y también fija un código de conducta a los lobbies, grupos o personas que se relacionen con cargos y autoridades, que deberán inscribirse en un Registro.

Transcurridos dos años desde la aprobación de la Ley, ni se ha constituido esa Agencia ni se ha reconocido ningún lobby. Y no debe ser tan fundamental cuando nadie parece haberlo echarlo en falta. En algún momento se ha hablado de proyectos de acondicionamiento de locales (700.000 €) y de dotarla de personal (según la Ley, un Director, tres Subdirectores y el necesario personal de apoyo). Pero existiendo la Intervención  general, las cautelas de la Ley de Contratos, la Cámara de Cuentas, el Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y los Jueces y Fiscales –además del control de la oposición política—no parece que asumir ese nuevo gasto esté justificado ni sea necesario.

 

La Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.

El proyecto de ley fue acordado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, lo que justificó la inadmisión de las enmiendas presentadas por la oposición. Una vez aprobada la ley,  un primer problema lo planteó la competencia que se otorgaba al Gobierno de la ciudad para asumir las funciones de Junta General en las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal. “Zaragoza en común” aprovechó esta norma para aplicarla y hacerse con el control de las cuatro sociedades municipales (Ecociudad Zaragoza, Zaragoza Deporte municipal, Zaragoza Cultural y Zaragoza vivienda)..

Aunque tanto PSOE como CHA habían apoyado la aprobación de esta norma, consideraron antidemocrática su aplicación y ello determinó un enfrentamiento polìtico entre el gobierno y la oposición municipal que deterioró el normal funcionamiento de sociedades y patronatos. Hasta que el Tribunal Constitucional, por sentencia 137/2018, de 13 de diciembre, declaró inconstitucional esa norma y hubo que dejar sin efecto su aplicación. Pero ya se habían provocado innecesariamente graves problemas a la gestión municipal

Por otra parte, la Ley considera muy importante le previsión de un Consejo Bilateral de capitalidad, como órgano colegiado de carácter permanente de coordinación y colaboración entre el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento, que deberá celebrar como mínimo –según la letra de la Ley—una sesión al semestre.

Pues bien, transcurrido año y medio de la aprobación de la Ley, dicho Consejo no ha llegado a reunirse ni una sola vez, incumpliendo el mandato legal y desperdiciando un foro donde debatir y negociar muchos asuntos importantes y polémicos: el convenio económico-financiero, un convenio sobre educación, el impuesto de contaminación de las aguas, la deuda del tranvía, el sellado del vertedero de Torrecilla o los usos compartidos de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

Por otra parte, el Fondo de capitalidad de 2018, de ocho millones de euros, en abril de 2019 todavía no se había pagado por el Gobierno de Aragón.

 

La ley 8/2018, de 28 de junio, de derechos históricos

Aunque quien la promovió (CHA) y quien la apoyó (PSOE, IU, Podemos) entendían que la ley realiza un intachable ejercicio de realidad histórica y brinda legalmente derechos sociales y civiles para toda la ciudadanía aragonesa, muchas opiniones críticas advirtieron que se trataba de un manifiesto político o una declaración o reivindicación de principios que iba a carecer de eficacia práctica, pues o bien excedía al propio Estatuto de autonomía o bien invadía competencias estatales.

Lo cierto es que en sus primeros seis meses de vigencia no ha tenido efecto alguno en la vida de los aragoneses. Ni se ha obtenido el regreso de los bienes aragoneses sitos en el exterior, ni se ha suscrito un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado ni se ha producido la actualización de “derecho histórico” alguno.

En febrero de 2019 el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno contra 23 de los 34 artículos de la Ley. Y es muy revelador que sólo se solicitó la suspensión de un único precepto (el art. 7.1.c) de la ley, sobre la vecindad civil aragonesa), lo que –dado el tiempo que suelen tardar las sentencias del TC—refleja la escasa  importancia práctica que se da a los demás preceptos que se consideran inconstitucionales, pues no hay inconveniente en que sigan en vigor mientras se resuelve el recurso interpuesto.

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