Política - 30/05/19

Acotaciones a una legislatura: III, leyes frustradas

Al finalizar la legislatura, las Cortes no han aprobado leyes sobre algunos temas importantes, que los partidos políticos representados en ellas consideraron prioritarios en sus programas electorales y que el propio Gobierno incluyó en su programa de proyectos legislativos. De entre estas leyes, “frustradas” puesto que no han visto la luz, pueden destacarse las correspondientes  a algunas materias de especial relevancia. Son temas que quedan pendientes para la próxima legislatura.

 

La renta social básica

En su programa electoral de 2015 el PSOE incluía “medidas para que Aragón vuelva a ser tierra libre de pobreza, garantizando una renta social básica a todas las familias que la necesiten…”. También Podemos incluyó en su programa del cambio, para lograr el fin de la exclusión social: “Apostamos por desarrollar un sistema de garantía de ingresos como respuesta a la situación de emergencia social”. Pues bien, pese a esas declaraciones programáticas esa renta social básica no se ha llegado a aprobar.

El Gobierno PSOE-CHA remitió a las Cortes en febrero de 2016 un Proyecto de ley de Renta Social Básica de Aragón, tras un proceso de participación ciudadana. El objeto de la ley era regular la renta social básica, “que se configura como una prestación económica destinada a garantizar unos ingresos mínimos a las personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas a través de sus modalidades: Renta complementaria de ingresos del trabajo y Renta de inclusión y protección social”.

Se presentaron un total de 294 enmiendas parciales (PP, 53; PAR, 74; C`s, 36; Podemos, 39; Grupo mixto, 89; PSOE, 3).y se constituyó la correspondiente ponencia para su estudio y debate. Sin embargo, el desacuerdo entre PSOE y Podemos llevó consigo el bloqueo de los trabajos de la ponencia, que no llegó a concluir su trabajo, por lo que decayó el proyecto de ley al finalizar la legislatura.

Podemos criticó el modelo de la ley, porque “cronifica la precariedad de las familias y estigmatiza la pobreza”, sin lograr que la norma sirva de trampolín para mejorar sus condiciones de vida, y consideró que no plantea una mejora sustancial respecto del Ingreso Aragonés de Inserción.

Por el PSOE se ha defendido que el proyecto de ley se elaboró tras recibir las aportaciones de entidades sociales y que se había avanzado en su mejora al admitir o transaccionar diversas enmiendas.

 

El cambio climático

El Grupo parlamentario de Podemos Aragón presentó, en noviembre de 2018, una Proposición de ley de cambio climático y transición energética de Aragón, de 160 artículos y contenido muy ambicioso. Proponía diversas medidas de lucha contra el cambio climático en Aragón, para avanzar hacia una economía baja en carbono, que deberían plasmarse en un Plan aragonés y planes municipales y comarcales. Entre esas medidas incluía políticas públicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; eficiencia energética en infraestructuras, edificaciones e iluminación; prohibición de proyectos basados en fracking; movilidad sostenible, impuestos medioambientales, infracciones y sanciones.

La Proposición de Ley tuvo escaso recorrido. En sesión plenaria de 7 de febrero de 2019 se rechazó su toma en consideración, con los votos de PSOE, Ciudadanos, PP y PAR. Se justificó el rechazo en que llegaba tarde y había poco tiempo para tramitarla, dada su complejidad, y en que debería esperarse la aprobación por el Estado de legislación básica sobre la materia.

 

La financiación municipal

En el Plan de Gobierno PSOE-CHA se incluyó una “Ley de Participación local en los tributos de la Comunidad Autónoma (2016-2019)”, si bien el proyecto de ley que el Gobierno envió a las Cortes, avanzada la legislatura, en junio de 2018, se titulaba “Proyecto de ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal”.

Entre la promesa inicial y la propuesta finalmente presentada había una diferencia esencial: la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma es una reivindicación municipalista que pretende obtener derecho a una financiación autonómica que suponga una parte de sus ingresos tributarios, con una fórmula similar a la participación en los ingresos del Estado.

En cambio, el Fondo de Financiación finalmente propuesto no es sino actualizar una aportación económica a los municipios que ya se creó en 1993 por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, con una dotación de 1.000 millones de pesetas, como Fondo de transferencias incondicionadas y no finalistas, con criterios objetivos de distribución y reparto entre los municipios. Su cuantía se fue incrementando, paralelamente al crecimiento del presupuesto de la Comunidad Autónoma, hasta llegar a los 24 millones de euros anuales durante el período 2002-2009. La crisis económica provocó la disminución de su cuantía, que se ha ido recuperando hasta llegar en 2018 a 20,7 millones de euros.

En la presentación del proyecto de ley el Consejero de Presidencia manifestó que “respondía a un compromiso de investidura de este Gobierno y a las históricas demandas del municipalismo aragonés. Se pretende dejar atrás la discrecionalidad en la cuantificación de los fondos destinados a esa financiación, marcando una garantía financiera…”. La cuantía prevista inicialmente es de 30,6 millones de euros, incluyendo 8 millones para Zaragoza, 1 millón para Huesca y 700.000 euros para Teruel, ciudades que ahora no estaban incluidas en la dotación del Fondo, por lo que no supone mejora para el resto de los municipios. Se prevé una actualización anual, si bien el importe total del Fondo no podrá superar el 2 % del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

El debate de toma en consideración del proyecto de ley no se efectuó hasta el 7 de febrero de 2019, siendo votada por unanimidad, aunque se criticara el retraso en la presentación y debate inicial del proyecto, que obligaba a una tramitación con prisas. Podemos señaló que era un mero trámite de postureo y que llegaba sin margen de debate. Abierto el plazo de presentación de enmiendas hasta el 27 de marzo de 2019, la finalización de la legislatura hizo decaer el proyecto de ley.

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