Historia y Política - 06/12/20

Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. Ninguna generación puede atar con sus leyes a las generaciones futuras.

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Tom Burns Marañón en su libro De la fruta madura a la manzana podrida. El laberinto de la Transición española del 2015 nos indica que «la Transición fue la caída del árbol de la fruta madura»,  los cambios sociales, económicos y culturales hacían inevitable la llegada de la democracia, y hoy «la mercancía –la fruta, la manzana– está podrida». Las causas de tal situación son los hiperliderazgos políticos, la corrupción, una ley electoral injusta y una Constitución esculpida en granito, por el miedo al cambio de la clase política, que ha  imposibilitado su adaptación y mejora a los nuevos tiempos.

Plantear una reforma constitucional no significa ser un irresponsable ni un antisistema, como señala el pensamiento político dominante. Al contrario, puede servir para  apuntalar nuestra maltrecha democracia.  En 42 años no se ha hecho ningún cambio constitucional importante orientado a mejorar la calidad de nuestra democracia. Nuestra Constitución es la que impone más barreras para la su reforma.  Y además, es el país de Europa con menos reformas. Solo dos, derecho a voto a los europeos en la municipales y la del artículo 135, que no fue para mejorar nuestra democracia.

Todos los países democráticos revisan periódicamente sus constituciones. La belga de 1831, tras casi un centenar de reformas, fue objeto de un texto refundido en 1994, que ya ha conocido nuevas actualizaciones. La austriaca de 1929 en unas setenta ocasiones. Las reformas consumadas de la italiana de 1947 son innumerables. La francesa de 1958 ha superado ya la veintena de reformas. La Constitución europea con mayor aureola entre los constitucionalistas españoles, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, ha sido revisada en cincuenta y siete ocasiones.

Oscar Alzaga en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de marzo de 2010, señaló “la Constitución del 78 demanda consensos de futuro para ir adecuándose a la realidad social cambiante y asegurar su permanente lozanía. Lleva más de treinta años sin mejora. Es demasiado tiempo “sin pensar en grande”, para decirlo en palabras de D. José Ortega”. Para el profesor Rubio Llorente “sólo una Constitución reformable es democráticamente legítima”.  Y Stefano Rodotá en su libro El derecho a tener derechos nos recuerda el art. 28 de la Constitución francesa de 1793, el cual especifica «Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. Ninguna generación puede atar con sus leyes a las generaciones futuras».

Un mantra se repite en todos los foros oficiales: “Todos los españoles votamos la Constitución”. Los que votaron a favor de ella son muchos menos que los que no pudieron hacerlo. Sobre un censo de 26.632.180 votaron 17.873.271. Se abstuvieron 8.758.909 personas (32,89%). De los 17 millones largos que votaron, 1.400.000 votaron no, y 600.000 en blanco. 15.706.078 votaron a favor.  A fines de 2017, el censo electoral es de 36.520.913. Si ninguno de los 15 millones de votantes de la Constitución del 78 hubiera fallecido, estos serían el 43% con derecho a voto. Pero eso es imposible: la vida eterna no la garantiza ninguna Constitución. Como conclusión los que votaron, tienen hoy 58 años o más. Si las fuerzas políticas siguen unos cuantos años más negándose a su reforma, podría darse la situación de que la gran mayoría de los que la votaron, tristemente nos hayan dejado. Es un dato para reflexionar.

Además en estos 42 años trascurridos desde 1978 se  han producido grandes cambios políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos. Hoy es otra España. Solo por citar algunos: la inmigración, la entrada en la UE, la globalización, el mayor protagonismo de las mujeres, una sociedad más secularizada, mayor cultura republicana, etc.  Los políticos de verdad, son aquellos que saben captar los cambios que se suceden inexorablemente en una determinada sociedad, y además saben encauzarlos políticamente y plasmarlos jurídicamente. ¿En España esos políticos de verdad dónde están?

Menciono algunos cambios en nuestra Carta Magna. Modificación del Título VIII, para una delimitación clara de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Incorporación  los principios genéricos del modelo de financiación, la solidaridad interterritorial, la corresponsabilidad y la autonomía financiera. Desaparición del Senado o  conversión en una auténtica cámara de representación territorial. Blindaje de los derechos sociales, como educación, sanidad, pensiones, trabajo, así como el agua, alimentación, luz, vivienda…

Nuestra Transición no fue  pacífica, ni modélica, ni consensuada. Lo que supuso que en nuestra Carta Magna hubo determinadas  imposiciones, que deberían modificarse, porque el contexto hoy es otro.  Como el art, 2º de la indisolubilidad de la nación española, para reconocer el hecho plurinacional.  Eliminar el blindaje a la  Monarquía del artículo 168 para posibilitar un referéndum sobre la jefatura del Estado. Modificar  el artículo 16.3, «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Un Estado aconfesional no debe hacer una cita expresa a una religión. Y eliminar la atribución en el artículo 8 al Ejército de la tutela de la «integridad territorial» y del propio «orden constitucional». Esto contrasta con la mayoría de las constituciones democráticas, que colocan el ejército en otro título no tan prominente, que se ocupa del gobierno, de la administración y limitan sus funciones a la defensa externa del país.

 

 

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