Franco, Juan Carlos I y Pablo Iglesias

 

 

 

Las noticias del Rey Emérito han desaparecido sospechosamente en las últimas fechas, con la excepción de que la Fiscalía prorroga 6 meses más su investigación. ¿Servirá para algo? ¿Se está preparando su retorno a su querida España? Aquel programa, que nos informaba sobre sus amoríos y sus «regularizaciones» con Hacienda, y que dirigía Jesús Cintora Las cosas claras fue eliminado de la parrilla de TVE. ¡Qué claridad la del Inspector de Hacienda, Raúl Burillo, zaragozano, explicando las vicisitudes fiscales del Emérito! Desde el primer día Vox, PP y Cs trataron de eliminarlo, como otras cadenas de televisión. Y lo consiguieron. El director de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, dijo que la «banalización, show y el escándalo» no caben en las parrillas del Ente Público. ¿Quién generaba el show y el escándalo?

El descrédito de la institución monárquica me parece irreversible. Desde abril de 2015 cuando suspendió con 4,34 sobre 10, el CIS ya no pregunta. Su presidente, José Félix Tezanos, trató de explicar en 2020 el motivo del suspenso y la exclusión de sus encuestas. Apuntó que entonces «no bajaba solo la valoración de la monarquía, sino de todas las instituciones: partidos, sindicatos o los medios de comunicación. Esas oscilaciones llevaron a pensar que eran coyunturales.

Según Jorge Urdanoz, los monárquicos, como último baluarte para defender la institución, aducen que no es incompatible con la democracia, y para ello se fijan en otras monarquías, como la sueca. Mas, nuestra monarquía es muy distinta. La sueca no fue instaurada por un dictador. Aquí, la restauración de la monarquía en 1969 fue por decisión exclusiva de Franco y se legitimó en la victoria «del 18 de julio». Nació como institución de una mitad de los españoles frente a otra. Esa mancha de origen fue luego «expiada», con la aprobación popular de la constitución y con el relato triunfante del papel del Rey durante el golpe de estado de 1981. Pero ese origen ilegítimo impuso que la monarquía fuera superblindada constitucionalmente, y que el Rey disponga del «mando supremo de las Fuerzas Armadas» (art. 62), una rémora del absolutismo inaceptable hoy; y que el Rey –y no los partidos, a través de la presidencia del Congreso– quien proponga, según establece el 99, al candidato a presidente del Gobierno, hecho sin justificación democrática.

Los indicios de las prácticas corruptas de Juan Carlos I son innumerables y desde el principio de su actividad política. También este hecho es una novedad de nuestra monarquía.

Aceptemos que la monarquía no es incompatible con la democracia. Miremos a Suecia. Allí los jóvenes no recuerdan ningún caso de corrupción reciente en sus Reyes. Ni se encargan programas de cocina en una televisión autonómica a actrices para comprar su silencio. Ni tienen una máquina de contar dinero en palacio, ni que salir a escondidas del país. Ni los empresarios les regalan yates. Ni son jefes del ejército. Ni tienen acceso privilegiado a las agencias de inteligencia. Ni gozan de inviolabilidad absoluta (esto es: extendida también –según conspicuos tertulianos– a los delitos penales, que recuerda a los emperadores bizantinos). Las cortes también son distintas: allí nadie confunde el ser monárquico con la empalagosa pleitesía, que muestran los turiferarios del trono. Allí ser monárquico no significa que no se pueda criticar al rey si su comportamiento es poco ético, y que haya que tapar todas sus vergüenzas y ser acusado de antipatriota a quien en un acto de decencia decide señalarlas.

Cuando se afirma que la monarquía no es incompatible con la democracia y se recurre al caso sueco, es un argumento muy razonable. Mas, se ha de llegar hasta el final. El debate quizás no sea tanto la forma del Estado –república o monarquía–, como la forma concreta de esta monarquía concreta. Constitucionalmente, la configuración institucional de la Corona necesita democratizarse para parecerse más a Suecia. Y, dinásticamente, la familia que ocupa el trono necesita también que sus soberanos –que somos nosotros, como lo especifica el artículo 2.1 de la Constitución– la empecemos a mirar con ojos mucho más suecos.

Daniel Innenarity en Republicanizar la monarquía señala que las monarquías solo persistirán si se republicanizan, aunque parezca un oxímoron, si aceptan que su legitimidad no puede ser natural (salvo en el origen, ya que el acceso a la corona seguirá siendo hereditario), sino funcional, al modo como ejerce su autoridad cualquier representante electo, que se somete al juicio popular y a la posible censura. Los reyes no se eligen, por supuesto, pero tampoco estarían tan preocupados por su valoración pública y no se plantearían una abdicación para salvar la institución si no fueran conscientes de que, aunque no fueron elegidos, pueden ser destituidos de algún modo.

Termino con unas preguntas. ¿Es mucho exigir que nos informe el Emérito del origen de su fortuna? ¿Quién va a heredarla? ¿No nos merecemos los españoles una explicación del actual monarca? Estas preguntas deberían plantearlas los ciudadanos responsables. Y todos los partidos políticos y todos los medios. Y esto no se trata de monarquía o de república ni de derechas ni de izquierdas. Se trata de democracia y de dignidad en una sociedad. Mas, me temo que esas preguntas, solo las planteamos los antipatriotas y antiespañoles.

Publicado en El Periódico de Aragón 11 de diciembre de 2021