Comentarios intrascendentes - 17/02/12

El asombro ante la Justicia: Garzón y Marchena a la greña.

El Tribunal Supremo ha condenado al juez GARZÓN por ordenar las escuchas de la trama Gürtel, como autor de un delito de prevaricación y vulneración del derecho de defensa, con la pena de inhabilitación por once años, lo que implica la pérdida de su cargo.

Las circunstancias del proceso y la personalidad de Garzón han provocado numerosos comentarios de distinto signo. Muchos expertos en Derecho consideran que la sentencia es seria y está bien fundada, pues el fin no justifica nunca los medios. Muchos ciudadanos de a pie la consideran desproporcionada, sospechan que subyace una cierta animadversión a Garzón por parte de los jueces y temen que se esté favoreciendo la impunidad de la delincuencia organizada y de guante blanco. Admitamos que el debate entre estas posturas no es fácil porque se oponen argumentos legales formalistas frente a intuiciones y opiniones más subjetivas.

Pero el asunto no ha acabado aquí, hay nueva leña al fuego. El juez MARCHENA, uno de los que ha condenado a Garzón, venía tramitando otra causa contra él por el delito de cohecho impropio, por haber obtenido patrocinios de varias empresas para subvencionar los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York desde marzo de 2005 a junio de 2006. El proceso se había iniciado por querellas de los abogados Mazón y Panea (como en el caso Gürtel siempre aparecen abnegados abogados “justicieros”), que se admitió a trámite el 28 de enero de 2010.

El juez Marchena, cuya conducta demostró que estaba convencido de la culpabilidad de Garzón, ha hecho todo tipo de diligencias y actuaciones en España y en Estados Unidos para probar el delito imputado, gestiones cuyos costes hemos pagado entre todos los españoles, y por Auto de 26 de enero acordó dar por concluida la instrucción.  Y ¡¡¡SORPRESA¡¡¡: Tras tanta actividad y estudio y aunque se supone que sabe contar, se acaba de dar cuenta de que, como el último patrocinio se efectuó el 17 de mayo de 2006 y la querella se admitió en enero de 2010, han pasado los tres años que la ley fija como plazo de prescripción. Y, tan pancho, el juez Marchena dicta un Auto de archivo de la causa por prescripción, pero se desahoga poniendo a parir a Garzón, al que considera culpable del delito por el que no puede ya juzgarlo.

Todo esto deja perplejo al ciudadano. ¿El juez Marchena no sabe contar plazos? ¿No conoce las normas sobre prescripción? ¿Ha esperado, por si acaso, a que Garzón hubiera sido condenado? ¿No el importa el daño que supone para un imputado que se le someta al calvario de la sospecha a lo largo de dos años? ¿puede un juez injuriar a alguien, amparado en el formalismo de un Auto? ¿Puede alguien que demuestra tal enemistad haber formado parte de un Tribunal independiente?

Todo esto pone, una vez más, a la Justicia a los pies de los caballos. En febrero de 2011, en el baremo del CIS, casi el 77 % de los ciudadanos opinaban que la Administración de Justicia funcionaba muy mal, mal o regular. Y a la pregunta de si la Justicia trata igual a los ricos y a los pobres, el 77,4 % contestaba “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”. Y estas últimas ocurrencias no mejoran esa opinión.

En este caso concreto, pudiera ser conveniente, para que los ciudadanos estén más tranquilos, imputar al juez Marchena por delito de prevaricación (actuar a conciencia de saber que es injusto) para aclarar su comportamiento en este tema. Los abogados que acusaban lo tienen claro: “Marchena buscaba la cabeza de Garzón, y cuando la ha tenido por la condena de Gürtel ha archivado el caso por una prescripción que se ha inventado” Opinan que “la misma condena por prevaricación sería ahora aplicable contra Marchena, que nos ha utilizado como tontos útiles”. Pues bien, convendría aclararlo. Y, hechas las actuaciones pertienentes, en caso de absolver a Marchena sus compañeros –que es lo previsible–, deberían enviarlo a cursos de reciclaje sobre cómputo de plazos para evitar que futuros imputados se vean perjudicados por su ignorancia y que los españoles tengamos que pagar el coste de juicios destinados a no servir para nada (salvo insultar al enemigo).

Señores, ¡que pena¡

 

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