Lo más destacado del mes - 31/12/13

Nosotras decidimos

El partido conservador que nos gobierna acaba de “obsequiarnos”, especialmente a las mujeres, con una nueva vuelta de tuerca que incide directamente sobre los avances sociales que nos ha proporcionado el sistema democrático. Bajo el título de la “Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada” se nos presenta un anteproyecto de ley que nos devuelve la regulación del aborto a la época anterior a 1985, eliminando, por supuesto,  la posibilidad de abortar libremente en las catorce primeras semanas de gestación (introducida por la Ley Orgánica 2/2010), suprimiendo la indicación eugenésica (riesgo de que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas) y sometiendo a la mujer embarazada, en los limitados casos en los que se le permite abortar, a un control judicial sobre la validez y suficiencia de su consentimiento (cuando se trata de menores de entre 16 y 18 años), o a un calvario de visitas médicas encaminadas a la obtención de un diagnóstico que determine un grave peligro para su vida o salud física o psíquica; eso sí, centrándonos en este último supuesto, para que el aborto sea posible, habrá de ser la única forma de solucionar el conflicto, pues, si hay soluciones terapéuticas alternativas, aunque sean indeseadas por la embarazada, la voluntad de ésta no se tendrá en cuenta, viéndose, en muchos de estos casos, obligada a soportar un menoscabo importante en su salud, como consecuencia de esa imposibilidad de interrumpir su embarazo, y produciéndose así una intromisión incomprensible y cruel en los derechos de la mujer a su propia personalidad e integridad física.

Visto el redactado que presenta el anteproyecto, la valoración que podemos deducir del mismo es que se trata de un cúmulo de despropósitos que alcanza, incluso, al contenido de la regulación de los escasos supuestos en los que se permite abortar. Y así, por ejemplo, aunque se mantiene la denominada indicación ética (cuando el embarazo se produce como consecuencia de una violación u otro delito contra la libertad sexual), la posibilidad del aborto queda condicionada, además de a la necesidad de practicarlo dentro de las primeras doce semanas de gestación, al requisito de la denuncia previa del delito, de modo que la victimización derivada de la propia agresión sexual sufrida se verá agravada también por la carga psicológica que esa obligación de denunciar le pueda suponer a la mujer que, además de haber sido agredida, ha resultado, trágicamente, embarazada.

De entre tales despropósitos, quizá el de más enjundia sea el referido a la prohibición del aborto en los casos en que el feto presenta riesgo de graves anomalías o de una enfermedad extremadamente grave e incurable. Obligar a la mujer a que tenga un hijo del que se sabe va a carecer de una mínima calidad de vida, o truncarle sus propios proyectos o expectativas de futuro como consecuencia de esa imposición de la maternidad no deseada es, simplemente, una condena a perpetuidad, sobre todo porque de por vida tendrá que dedicarse al cuidado de una persona absolutamente incapaz de hacerlo por sí misma, con la carga añadida de angustia que ello conllevará, al plantearse o representarse con evidente preocupación lo que puede ocurrir con ese hijo, si sobrevive a ella y, en su caso, al otro progenitor.

Estamos, en definitiva, con esta nueva ley tan regresiva, ante un verdadero drama que tendrán que soportar las mujeres, a las que no se les va a permitir decidir sobre su propio cuerpo o, lo que viene a ser lo mismo, sobre el embrión que tienen unido a sus entrañas. Desgraciadamente, tales mujeres, si no quieren seguir adelante con ese embarazo  que no deseaban, tendrán que hacer lo mismo que hicieron otras que les precedieron en otros tiempos que muchos creíamos superados, esto es, marchar a otro lugar en el que se les permita, con plena y absoluta legalidad, hacer efectiva su decisión de abortar, lo cual, también hay que decirlo, será mucho más dificultoso, como siempre, para las mujeres con menos recursos, que se verán abocadas a buscar la ayuda económica de gente de bien que resulte ser más comprensiva con sus derechos de lo que lo ha sido el Gobierno de su propio país.

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