60 medidas contra el caos - 01/03/14

60 medidas contra el caos (3). Política: Elecciones (II)

8.    Serán penalizaciones vinculantes efectivas según la gravedad, y no “recomendaciones”. Por ejemplo,

 

a)    Prohibición o “tarjeta roja” a ese partido para presentarse en las elecciones siguientes, ni con el nombre actual ni con otro.

b)    Devolución de los beneficios económicos recibidos a través de ese Fraude Electoral.

c)    Inhabilitación definitiva para cargos políticos —o de 10, 15, 20 años— a las personas implicadas en ese incumplimiento: presidentes de ese gobierno, ministros, secretarios de Estado, presidentes o secretarios generales del Partido, Coordinadores de campaña o del fraude electoral, etc.

 

9.    Este mismo modelo se aplicará a las Elecciones Autonómicas y Municipales, con las adaptaciones pertinentes.

 

10.   Un referéndum anual, como mínimo, para un solo tema o varios a la vez. Sobran problemas a resolver y debe acabarse el monopolio electoral actual, que secuestra a la población cada 4 años. Nos asusta porque no tenemos costumbre, pero ”se hace camino al andar” (A. Machado). Además de la actividad institucional habitual, ahora es ya técnicamente posible mantener una participación democrática permanente. Teléfonos fijos y móviles, Redes sociales, Correo electrónico, DNIe y códigos digitales, TV, Radio, Prensa escrita, Correos estatal, Servicios de mensajería, etc., son más que suficientes para conseguirlo, sin suprimir nunca la opcional presencia física en un sitio y día determinados. El voto colectivo debe hacerse ya real, vinculante, permanente y transparente.[1]

 

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POLÍTICA: Varios

 

11.   Eliminar el Senado. Tal como está ahora, no aporta nada especial y nos cuesta unos 55 millones de euros por año. En enero-2011, se pusieron a jugar a políglotas (gallego, euskera, catalán-valenciano-balear, castellano). Y a pesar de tener una lengua internacional común y estatal según la Constitución, sólo esta “traducción simultánea” en 2012 nos costó 350.000 euros. UPyD propuso la eliminación del servicio, pero la iniciativa fue rechazada con los votos del PP y PSOE. Por lo demás, los 266 senadores llevan los mejores smartphones del mercado. Según la contratación de telefonía móvil para 2013-2014, mantendrán las 440 líneas telefónicas de las que disponen sus señorías y renovarán todos los aparatos a los 24 meses del inicio del contrato. Todo, por el módico precio de un millón de euros.[2] O se demuestra que el Senado sirve para algo, o se suprime. A veces, incluso, acaba siendo otro cementerio de elefantes para políticos orillados.

 

12.   Eliminar las Diputaciones Provinciales. Nos cuestan 22.000 millones de euros al año. Tienen 76.000 empleados y sólo cubren el 20% de sus gastos.[3] Ya tenemos otros niveles administrativos (todos deficitarios): Estado, Autonomías, Comarcas, Ayuntamientos.

 

13.   Lista Pública de Entidades dependientes de Instituciones y Partidos. No hay censo oficial, aunque se habla de unas 4.000 empresas o entidades llamadas “públicas”, pero que son en realidad una Administración paralela al servicio de unos pocos partidos políticos, no del Estado. Sólo las llamadas Fundaciones (cajón de sastre que escapa a los Tribunales de Cuentas) eran 2.386 en 2011, con una deuda de 16.341 millones de euros.[4] Supresión automática de las entidades innecesarias.

 

14.   Refundación del Tribunal de Cuentas. El actual se ha revelado lento e inútil en los controles que más interesan al ciudadano, insolvente en competencias significativas y sospechoso en la composición de sus dirigentes ejecutivos. Se le podría llamar, con más propiedad, Tribunal de Cuentas Prescritas.



 

[1] Democracia y punto, http://partidodelfuturo.net/programa/

 

 

[3] Sandra MIR y Gabriel CRUZ (2012): La casta autonómica. Madrid: Esfera de los Libros, 2ª edición, pág. 43.

 

[4] Sandra MIR y Gabriel CRUZ (2012): La casta autonómica. Madrid: Esfera de los Libros, 2ª edición, pág. 169.

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