Publicaciones - 12/05/21

Los caminos de la ilegalidad

Juan Sisinio Pérez Garzón

 

 

Carmelo Romero, Caciques y caciquismo en España (1834-2020).

Prólogo de Ramón Villares, Madrid, La Catarata, 2021.

 

Votar era un acto revolucionario. Fue un invento que implantaron las sucesivas revoluciones liberales inglesa, norteamericana, francesa, española… Sí, la revolución española fue la cuarta de la historia, cuando en Cádiz se aprobó en 1812 una Constitución que dividía los poderes para que nadie pudiera ejercer el despotismo e implantaba un sufragio universal masculino indirecto para elegir por primera vez tanto el poder legislativo como los poderes municipales y provinciales. Se propusieron terminar con siglos de poderes absolutos regidos exclusivamente por la ley del más violento, siglos marcados por esos Juegos de Tronos que inexplicablemente siguen hipnotizando a tantos, como si esas violencias explicasen la “condición humana”. Y no existe tal “condición” esencialista, sino que la historia demuestra que los humanos somos capaces de cambiar las condiciones que nos subordinan y crear nuevas condiciones de vida y de comportamiento. Por eso, frente a las violencias heredadas, hace más de dos siglos, los liberales implantaron los parlamentos como espacios donde “parlamentando”, hablando, se solventasen los conflictos.

Es un esquema básico de lo que ocurrió desde fines del siglo XVIII, y a lo largo del siglo XIX, en los países occidentales; y también en España. Quizás sirva para valorar la rigurosa y necesaria aportación que ha elaborado Carmelo Romero en una síntesis tan consistente como didáctica sobre la práctica del voto en la España contemporánea.

En efecto, también en España la revolución liberal tuvo intereses y limitaciones parecidos a los que en las otras revoluciones frenaron el despliegue de aquella tríada conceptual de libertad, igualdad y fraternidad que irrumpió desde entonces en el escenario histórico. Lo cierto es que se abrieron caminos inéditos en la vida política. El poder ya no se ejercía por mandato divino sino por la legitimidad que le daban los votos de los ciudadanos. Carmelo Romero lo explica muy bien, por eso dedica los primeros capítulos, casi el primer tercio del texto, a informar de cómo se reguló el sistema electoral. Es necesario saber las normas para el ejercicio del voto porque el poder de votar estaba en manos de los ciudadanos, es verdad que no de todos, sino de los varones propietarios, pero ya no era el monopolio de estamentos privilegiados (clero y aristocracia) ni se sometería al capricho de monarcas más o menos neuróticos.

 

 

Por eso es necesario conocer las leyes electorales, la organización de los distritos electorales, de las mesas, de los censos y si el recuento y asignación de escaños era con criterio mayoritario o proporcional. Aunque no seamos personas expertas en leyes, como ciudadanos nos siguen preocupando estas cuestiones, sobre todo la aplicación del principio básico de la igualdad de valor del voto de todo ciudadano, sea de Soria o de Barcelona. Por eso hay que leer con aplicación lo que Carmelo Romero nos explica sobre las dificultades de establecer en las normas la teoría de la igualdad de voto, cuando hoy, en concreto, sabemos que el valor real del voto de cada elector depende de la provincia. O si, por ejemplo, caso de que en 1977 se hubiera aplicado el sistema mayoritario de la Segunda República, entonces habría ganado la UCD por mayoría absoluta, lo que, haciendo historia virtual, permite preguntarnos si, al no tener necesidad de pactar, habría dado paso a una Constitución tan democrática y social como la de 1978…

Con la misma atención hay que leer el capítulo que dedica Carmelo Romero a “los caminos de la ilegalidad”, pues han cambiado y han existido diferentes leyes electorales, y en cada una surgieron formas y métodos distintos de corrupción del voto. Como bien indica el autor, no sobra recordar que las corruptelas no fueron exclusivas de España, en todos los países se repitieron mecanismos similares de control del voto, pero en España la intensidad de los mecanismos ilegales adquirió carta de naturaleza desde que, al implantarse el sufragio universal masculino en 1890, peligraron las redes de poder de las clases propietarias desarrolladas con el voto censitario desde 1834. Así, gracias a esas maniobras caciquiles, lograron controlar el poder legislativo y, por tanto, el ejecutivo, con adulteraciones de censos, compras de votos, votos de muertos e incluso con violencias de las llamadas “partidas de la porra”, porque sabían que, por más que la mayoría de la población viviese en el analfabetismo y al borde la miseria, el poder del voto podía ser revolucionario.

Este largo siglo del proceso de implantación del voto, que va desde el siglo XIX hasta 1923, cuando la dictadura de Primo de Rivera acabó con las libertades, es la parte más extensa. Enganchará directamente a todo lector. Se analiza con un estilo vivo y penetrante el “caleidoscopio del caciquismo español”. Se resume en poco más de cien páginas más de cincuenta elecciones celebradas entre 1834 y 1923, tras haber investigado concienzudamente más de quince mil casos de corruptelas y formas de control del voto y de los resultados en distintos distritos electorales. Son páginas apasionantes en las que descubrimos los rostros de los que califica como “primates del caciquismo”. Recompone las pequeñas piezas de ese gran puzzle electoral y nos lo sirve amasado y contado con claridad y precisión. Nos muestra así las tipologías de diputados, desde los que, como cangrejos ermitaños, estaban instalados en un distrito, a los que eran simples aves de paso; los cuneros o los que heredaban la política por destino familiar, con clanes o dinastías. Baste recordar el paradigma de Cánovas del Castillo, quien, además de sumar él solo diecisiete legislaturas, tuvo como diputados a sus tres hermanos, cuatro sobrinos y dos cuñados, además de otros parientes colaterales… También los Maura, los Silvela, etc.

Ahora bien, tal y como subraya el autor, estas realidades no significan que el caciquismo sea un método plano e invariable a lo largo de los tiempos. Se anudaron redes clientelares, un concepto más amplio que el simple cacicato, que persistieron en la Segunda República. En efecto, el caciquismo es la variante más dura o visiblemente coercitiva y burda de las relaciones de poder que se anudan entre clases, grupos y personas diferentes e incluso antagónicos para llevar a la vida política soluciones para los correspondientes intereses y expectativas. Como bien concluye Carmelo Romero, los modos del caciquismo son los más visibles, los más llamativos y esperpénticos, pero en la historia, y en estos sistemas democráticos actuales, también persisten modos ya más alambicados y menos palpables de redes de poder con capacidades clientelares que obviamente ya serían motivo de otro libro y que el autor esboza en una “mirada final al presente”.

Llegados a este punto, el autor, sabio maestro de historiadores, puntualiza una premisa metodológica para el análisis del presente, que la historia es cambio y, por tanto, la España de 1900 no es la de hoy, ni en estructura social ni en nivel educativo y cultural ni en fuentes de información ni en resortes de afirmación de libertades ni en derechos conquistados, de modo que “cualquier intento de profundizar en los comportamientos políticos de una sociedad tiene que tener muy en cuenta esas realidades estructurales socio-económicas en cada tiempo y en cada lugar concreto”. Una fórmula imprescindible en estos días en que nos inundan tantos análisis cargados de emociones y carentes de templanza empírica, firmados por muchas personas catalogables de intelectuales.

 

José María González Castrillo, “Chumy Chúmez” (1927-2003).

 

En este sentido, no sobra concluir que la lectura del libro de Carmelo Romero es urgente para aprender que ni todo sigue igual ni la actividad política es deleznable, por más que Platón, sí, el filósofo que tanto se estudia, recomendase a los políticos mentir; de esta desfachatez hace ya más de veinticinco siglos. Al contrario, la actividad política constituye el oxígeno de toda sociedad para organizar la convivencia, y en democracia tenemos que exigir a nuestros representantes una ética intachable, porque su oficio es muy noble y se merece el respeto, pero a la par también debemos exigirnos vivir todos la política con pasión y alegría, con tolerancia y optimismo, y siempre poniendo diques al odio. Por eso, tal y como afirma Carmelo Romero, la historia es necesaria, a sabiendas de que “no es un tribunal juzgador”, pues nuestros criterios del presente son distintos, pero conocer el pasado nos ofrece “una herramienta de reflexión y análisis para…tratar de entender los por qué, los cómo y los para qué” de todo colectivo social en cada momento. También para desentrañar nuestro presente.

 

*Juan Sisinio Pérez Garzón es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha.

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