Pero, ¿de que nos hablan? ¿de menos políticos o de menos políticos retribuidos? ¿nos creen tontos?

Hace ya tiempo que, ante la presión de la crisis y el cabreo de los ciudadanos, se vienen lanzando globos sonda  y propuestas que parecen dirigidas a limitar el elevado coste que nos supone a todos el incomprensible número de cargos políticos y asesores generosamente retribuidos.

Y, como parece que se considera tontos a los ciudadanos, se habla de reducir el número de concejales o de diputados. Claro que eso no es posible hacerlo efectivo hasta 2015, pues la Constitución garantiza el derecho al cargo a todos los elegidos en 2011 durante los cuatro años de su mandato. Y, además, para que eso fuera  posible, hay que modificar la Ley Electoral y los Estatutos de Autonomía.

Con ese debate, se marea la perdiz y se gana tiempo. A los ciudadanos no les preocupa disminuir el número de sus representantes, lo que empobrecería la calidad de nuestra democracia al perjudicar a las opciones minoritarias. Lo que les tiene hartos es que exista una clase política privilegiada que se ha aprobado ella misma unas retribuciones y unas ventajas (indemnizaciones, planes de pensiones, etc.) injustificadas, puesto que suponen un agravio comparativo para los ciudadanos de a pie.

Y para limitar ese gasto basta con que tomen los correspondientes acuerdos los Parlamentos o las Corporaciones locales, no hace falta modificar ninguna ley.

Si en su momento fue un avance permitir la dedicación retribuida de los elegidos –para evitar que solo pudieran ejercer cargos los ricos–, la picaresca de los partidos ha llevado a que esa retribución se haya extendido a cantidad de cargos y asesores innecesarios y que la profesionalización política sea un medio de vida para arribistas y mediocres.

Hay ejemplos cercanos. En el Heraldo de 2 de agosto, se cuenta: “El portavoz del PP, Antonio Torres, señaló ayer que no tienen inconveniente en reducir el número de diputados…” ¿A quien pretenden engañar con esos anuncios? Si quiere reducir costes, basta que las Cortes aprueben que solo una parte de los diputados –aquellos cuya dedicación sea necesaria—cobren una retribución. Así de fácil.

Ahora los 67 diputados autonómicos tienen sustanciosa retribución, además del personal de los grupos políticos. Hasta 1996 el propio Estatuto de Autonomía prohibía que el cargo de diputado fuera retribuido. Ello no impidió contar con diputados como José Antonio Biescas, Aurelio Biarge, Santiago Marraco, Eduardo Bandrés, Antonio Embid, Angel Cristobal Montes, Hipólito Gómez de las Roces, Santiago Hernández Tornos, Joaquín Maggioni, Ramón Sainz de Varanda, o Carlos Valcarreres, por citar algunos. Todos ellos profesionales acreditados y prestigiosos que unían a su vocación y representatividad política la posibilidad de aportar ideas y proyectos, algo más que votar lo que se les mandara. Hoy día el sistema de listas cerradas y el comportamiento de los elegidos hace que cunda la mediocridad y  que sean unos perfectos desconocidos ¿cuántos nombres de sus diputados es capaz de recordar el hombre de la calle?

Y así podríamos repasar otras instituciones: ¿para que es necesario, en la Diputación provincial de Zaragoza, retribuir a 27 diputados,  62 asesores y 47 contratados nombrados por los partidos? ¿el Ayuntamiento de Zaragoza necesita que sus 31 concejales tengan dedicación exclusiva? Etcétera, etcétera.

Déjense de discutir sobre el número de representantes y limiten el número de cargos retribuidos y la cuantía de sus ingresos y ventajas añadidas. Ya sabemos que duele privar de enchufes a los compañeros de partido y a sus hijos, hermanos, esposas/os,  y amigas/os, pero son los tiempos que tocan, bastante se ha chupado de las ubres de las vacas gordas, ahora son flacas. Y más debería doler escatimar prestaciones necesarias a dependientes o parados, y eso no se duda.

Tener varios sueldos es muy, muy aburrido...