Criminalización y persecución de defensores de Derechos Humanos en Chiapas
En el estado de Chiapas, México, el gobierno federal otorgó 54 concesiones de exploración y explotación minera a varias empresas transnacionales, afectando a más de un millón de hectáreas y sin informarlo siquiera a sus habitantes. Con ello violó de facto leyes agrarias, e ignoró disposiciones ambientales y de salud pública, al ser la explotación minera a cielo abierto una de las actividades más contaminantes que existen. Por otro lado, al ser zonas con alta proporción de pueblos indígenas, no se respetaron acuerdos multilaterales como el “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
Por todas estas razones nació en Chiapas un legítimo movimiento social de rechazo a la minería, en el cual han jugado un rol muy importante los defensores de derechos humanos que se han comprometido en el acompañamiento, asesoría e información a los pueblos afectados.
En el caso de las comunidades integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), desde que iniciaron su resistencia a la minería, hubo amenazas de muerte. Los defensores de derechos humanos Yolanda Castro Apreza, Jaime González González y Daniel Alfonso Luna Alcántara que se involucraron esta denuncia fueron objeto de hostigamientos policiales y en el caso de los dos primeros hubo además allanamiento de sus domicilios y robo de información en respuesta a una rueda de prensa que dieron para denunciar el tema minero.
En mayo de 2009 el gobierno de Chiapas intentó iniciar expedientes penales para vincular a Yolanda y Daniel con “células armadas”, sometiéndoles a un acoso permanente.
En junio el director del “Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas”, Diego Cadenas Gordillo, denuncia una intensa persecución policíaca sobre su personal.
En agosto es detenido ilegalmente el líder anti-minero Mariano Abarca Roblero, bajo el cargo de afectar económicamente a la empresa “Blackfire”.
El 26 de septiembre se comete un atentado incendiario contra instalaciones de la ONG “K’inal Antsetik, A.C.”, especializada en derechos de la mujer, derechos humanos e indígenas, fundada por Yolanda y donde colabora Daniel. Ese mismo día el gobernador de Chiapas señala que quienes están detrás del movimiento contra la minería, lo usan como pretexto para dedicarse al “tráfico de armas”. Cuatro días después es detenido a manera de secuestro el luchador agrarista histórico José Manuel Hernández Martínez, muriendo dos compañeros suyos en un atentado policiaco cuando intentaron rescatarlo.
Su detención desencadena una serie de sucesos que derivan en la detención y tortura de otros dos compañeros suyos, junto a una campaña de criminalización orquestada por el gobierno de Chiapas, que culmina con la filtración a medios de comunicación de supuestos “informes de inteligencia” que advierten de un “levantamiento armado en el 2010”, que estaría siendo organizado por el sacerdote Jesús Landín García, por José Manuel Hernández, Yolanda Castro, Daniel Luna, Diego Cadenas, el Obispo Emérito Samuel Ruiz García, y otro sacerdote llamado Eleazar Juárez Flores. Todos, de uno u otro modo, relacionados con la resistencia civil hacia la explotación minera en Chiapas. En dichos “informes” se les vincula además con cárteles de la droga, tráfico de armas e indocumentados, asesinatos y otros delitos.
A pesar de la cruzada criminalizante los tres detenidos quedan en libertad el 23 de noviembre de 2009, tras de intensas denuncias y movilizaciones, junto a la presión de Naciones Unidas debido a que sus oficinas en Chiapas habían sido ocupadas por 18 compañeros del líder agrarista que se declararon refugiados internos. Entonces la estrategia represiva giró hacia el método del terror y los asesinatos selectivos: el 27 de noviembre fallece acribillado el activista anti-minero Mariano Abarca. Se inicia una ola de amenazas de muerte contra defensor de derechos humanos Adolfo Guzmán Ordáz y su familia, que culmina este 26 de febrero de 2010 con el secuestro de su esposa Margarita Martínez, a quien golpean gravemente exigiéndole que abandone el estado; el 28 de diciembre pasado es asaltada una casa comunitaria, donde sólo destruyen pertenencias y roban ordenadores de las dos compañeras que trabajan en “K’inal Antsetik; y el 10 de enero de 2010 es asesinado el profesor Abelardo Mérida Mérida, implicado también en la lucha anti-minera.
Consideramos que por parte del “FNLS”, quienes tenemos mayor riesgo de ser asesinados, desaparecidos o detenidos injustamente, somos: Yolanda Castro Apreza, Marcos López Pérez, Luis Alonso Abarca González, Jaime González González, Ramiro Sántiz López y yo, Daniel Alfonso Luna Alcántara.