Aragón-Cataluña, unas relaciones difíciles
Desde hace años en Aragón hemos admirado a Cataluña, como tierra de emprendedores, de empleo (“donde se trabaja y paga”), de progreso. No en vano Cataluña acoge a más de 120.000 aragoneses de origen.
Pero, en los últimos tiempos, los gobiernos catalanes (no confundirlos con los ciudadanos que viven en Cataluña) nos están llegando a hartar por su afán de imponerse, de acaparar, perdiendo las formas, incluso invocando derechos históricos aunque haya que deformar la historia.
La lista de agravios es larga: intentos de apropiación exclusiva del Archivo de la Corona de Aragón; negativas a devolver el patrimonio artístico de las diócesis aragonesas, a pesar de las resoluciones que reconocen sus derechos; un intento de trasvase por sorpresa, con la connivencia del Gobierno central, que la lluvia consiguió detener; un nuevo minitrasvase a cuatro municipios catalanes, que no ha de parar ahí, pues parece existir una estrategia de largo alcance para asegurar el abastecimiento a Cataluña con aguas del Ebro que no les corresponden; el reconocimiento en su Estatuto de inversiones adicionales que merman la tarta común; presiones al Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto recurrido, que amenazan las reglas del juego que debieran obligar a todos; la invocación de una Corona catalano-aragonesa o una Confederación catalano-aragonesa, que nunca existió, para omitir referirse a la Corona de Aragón (Parece que les humilla no estar en todo en cap, incluso en los meros nombres). Y, la última: la candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, en competencia con la de Aragón, sin guardar la menor cortesía ni en las formas.
Nadie niega que el Gobierno catalán –acuciado por las malas perspectivas electorales—pueda hacer lo que más le convenga, aunque pueda suponer deslealtad o desprecio a las buenas relaciones de vecindad, o aunque sorprenda que lo haga un gobierno con mayoría socialista. Lo que es más objetable es la postura del Gobierno de Aragón, cuya mansedumbre y discreción empieza a ser incomprensible.
¿Por qué no decir alto y claro lo que conviene a Aragón, aunque suponga una confrontación directa con el Gobierno catalán? ¿Cuál es el riesgo? ¿Alguien piensa que ser tan educados contribuirá a mejorar esas relaciones? ¿Es que se espera recoger así alguna migaja sobrante? Hay que tenerlo claro: los gobiernos catalanes de la Generalitat y de la ciudad de Barcelona harán siempre lo que más convenga a sus intereses. La moderación de Aragón no da ni dará fruto alguno. Sin insultos, sin histerismos, pero con firmeza, es hora de cantar las verdades. Que Aragón no tiene unos derechos históricos por debajo de los de Cataluña. Que, a este paso, quienes se presentan como víctimas de agravios no serán sino privilegiados. Y que luego no se extrañen cuando CiU avance en sus pretensiones soberanistas o insolidarias, porque le están facilitando ese camino.
