Políticas activas del mercado laboral y los 426 euros: ¿Estrategia económica o suicidio social?
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La medida de los 426 euros, ya extinta, aseguraba que cuando se terminaba el paro y seguías sin encontrar trabajo, recibías una mínima cantidad para vivir, frenando tu caída en la exclusión social. Porque, sin ese dinero básico, y sin otras fuentes de apoyo (mujer, padres, hijos…), no sólo puedes perder tu casa (la tasa de desahucios se ha incrementado dramáticamente en los últimos meses y el Gobierno ha rechazado la propuesta de Convergència i Unió de que la dación de la vivienda a los bancos exima del pago posterior de los intereses de ésta –para evitar que el banco se quede tu casa y encima seguir pagando 30 años sus intereses-), sino también tu fuente de alimentación, vestuario… y el de las personas que se encuentran a tu cargo.
Es decir, esa ayuda rompía la red que evita que una crisis económica personal te lleve en caída libre hacia una exclusión social de la que posteriormente ya no podrás recuperarte. Y es que el problema con la exclusión social es que es mucho más fácil entrar que salir. En esa línea, el sociólogo socialdemócrata José Félix Tezanos explica la existencia de una sociedad de los tres tercios: un tercio integrado, un tercio vulnerable y un tercio excluido. En esa triple sociedad, son las políticas sociales y de integración de la ciudadanía (como la renta básica que supone la ayuda de 426 euros) las que consiguen que la población vulnerable pase a formar parte del tercio integrado y no del excluido. Sin esas políticas, la sociedad se vuelve más desigual y la vulnerabilidad puede devenir más fácilmente en exclusión.
Como alternativa, Zapatero propone reforzar las políticas activas del mercado laboral, aumentando el número de orientadores laborales (insuficientes, pero no por la falta de políticas activas, sino por el desproporcionado número de parados, en los últimos 3 años, que saturan las agencias públicas de empleo). Las políticas activas laborales consisten en fomentar el re-ingreso en el mercado laboral no de forma pasiva (como con los subsidios por desempleo, que según la lógica neoliberal desincentivarían la búsqueda de trabajo porque te podrías permitir el lujo de rechazar puestos de trabajo que no se ajustan a tus expectativas) sino de forma activa (con formación ocupacional, reciclaje hacia nuevas áreas de trabajo, orientación adecuada sobre cómo y dónde buscar trabajo, intermediación laboral, autoempleo, planes de incorporación al trabajo –como planes de empleo municipales-…).
La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (art. 23.1) las define como “conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en el mercado de trabajo, por cuenta propia o ajena, y la adaptación de la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social”. Con ellas, se evitaría que las y los parados se quedasen “en su casa” esperando por un trabajo, fomentando que fueran activamente “a la calle” a buscarlo. Estas políticas tienen entre sus funciones el evitar el efecto de la depreciación de la fuerza de trabajo. Éste se da porque cuando las personas se convierten en paradas de larga duración, pierden habilidades y competencias profesionales (y personales). Así, tras un determinado tiempo, las personas que ocupan un puesto de trabajo (y que mantienen esas habilidades) ya no serán más sustituibles por aquellas que lo están buscando. Esto desemboca en una crisis de capital humano en la economía, no hay suficiente gente formada “actualizada” para esos empleos. Por medio de las políticas activas, por el contrario, se intenta evitar la pérdida de esas competencias profesionales, manteniendo la empleabilidad. Esto, en definitiva, parece positivo.
No obstante, la argumentación de Zapatero está presuponiendo, más allá, que las políticas activas tienen por sí mismas la capacidad de generar nuevos empleos, permitiendo a estos parados que se han beneficiado de ellas el acceder a un puesto de trabajo. Y es que ahí está precisamente la polémica. Aunque hay cierto consenso en la utilidad social y económica de estas políticas (fomentadas como prioritarias por la Unión Europea), existe el riesgo de que, con una bolsa de parados de más de 4 millones de personas, los beneficiarios de estas políticas activas no crearían nuevos trabajos sino que serían contratados en el puesto de trabajo que otro parado (que no recibe estas políticas) hubiera ocupado en otro caso.
Veamos dos coyunturas. Pedro y Marta están desempleados. Los dos buscan trabajo y aleatoriamente, con el mismo currículo vitae, uno de los dos lo conseguirá al cabo de un tiempo. Si los dos reciben cursos de formación u orientación sobre a qué sector laboral podrían dirigirse, en teoría, serán más productivos cuando accedan a ese puesto de trabajo, lo que redundará en beneficio de quién les contrate y, supuestamente, del conjunto de la economía. Aunque recordemos que sólo habrá puesto de trabajo para uno, porque las políticas activas no crean directamente nuevos empleos (y supondremos, muy idealmente, que se les valorará no en función de su edad, sexo, clase social o grupo étnico, sino en base a su valía, por lo que tendrían idénticas oportunidades). El problema viene cuando el Estado no puede garantizar esas políticas activas a todos sus desempleados sino solamente a una parte de ellos (que suelen coincidir con los más activos de por sí, ex – estudiantes, parados de corta duración…). En este caso, un parado recibe un curso de formación (p.e., Pedro) frente a otro que no lo recibe (p.e., Marta). Así, el primero accederá a un trabajo más fácilmente, mientras que el otro continúa desempleado, también más probablemente. Así, la tarta no es más grande, pero los beneficiarios de las políticas activas se comen más parte de ella.
Necesariamente, el ejemplo muestra que las políticas activas del mercado laboral, aunque necesarias en la medida en que se dirijan a los grupos más vulnerables (y no a los que menos lo necesitan), no pueden ser sustitutivas de los subsidios de desempleo o las rentas básicas de ciudadanía, que evitan que una persona caiga en la exclusión social. De hecho, la cuestión de re-incorporar al mercado laboral a parados de larga duración o a personas que han pasado por un proceso de exclusión social (al no haberse evitado su entrada en esa espiral negativa) sigue aún abierta. Es mucho más sencillo re-incorporar a personas vulnerables (que están pasando una crisis económica y personal, pero que reciben apoyo del Estado y sus redes familiares), que a personas excluidas (que han perdido esas redes de apoyo), por muchas políticas activas que se pretendan implementar. Por ello, por mucha estrategia económica que sirva de guía a las políticas activas del mercado laboral propuestas por Zapatero, la eliminación de la ayuda de 426 euros supone un suicidio social que empeorará la situación de cientos de miles de personas.