Política - 06/06/13

¡Realmente la jugada es maestra!

En la Comunidad de Madrid se sigue a rajatabla la ideología neoliberal. Su portaestandarte Esperanza Aguirre, obsesionada morbosamente con privatizar del sector público todo lo que se le ponga a tiro, si hay beneficios a ganar. Su sucesor Ignacio González, su alumno aventajado. Si este tsunami privatizador nadie lo detiene llegaremos a ver privatizados el Museo del Prado y el Palacio Real.  Y la administración de justicia. ¿Por qué no? Ya se está haciendo con servicios básicos del Estado: sanidad, educación, dependencia o cárceles. En el neoliberalismo todo  tiene un precio, todo es susceptible de convertirse en mercancía, al considerar que cada intervención del Estado en un área potencialmente rentable es una limitación ilegítima de las oportunidades para el lucro privado.

Vamos a fijarnos en el proceso actual de privatización de la sanidad pública madrileña. Por cierto, para la presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, Luisa Fernanda Rudi es su paradigma. De hecho ya lo está haciendo, mientras los quirófanos de los hospitales públicos están cerrados por las tardes, se donan 3 millones de euros a la clínicas privadas para operaciones quirúrgicas menores; o en el modelo de construcción y gestión privada del futuro hospital de Alcañiz.

Lo tienen muy claro los González y Lasquetty. En el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Público de la Comunidad de Madrid. Presupuestos 2013, se pretende privatizar (incluida la asistencia sanitaria) 6 Hospitales y 27 Centros de Asistencia Primaria, y  argumentan cual si fuera un dogma “Se ha comprobado que en este modelo futuro de concesión de la asistencia sanitaria especializada  el costo es de 441 euros por persona frente a los 600 de los de gestión mixta (solo hay concesión de la obra no de la asistencia sanitaria); y por supuesto es más eficiente, da buenos resultados clínicos y alta satisfacción a los clientes”. El Plan mencionado no indica ni dónde ni cómo se han comprobado estas afirmaciones.

Les da igual que la sanidad sea el servicio público más apreciado y mejor valorado por los ciudadanos españoles. Diferentes organizaciones internacionales, como la OCDE, lo consideran como de los mejores del mundo. El diseño del Servicio Nacional de Salud en cuanto a su titularidad, financiación pública, su unidad de régimen en las prestaciones y su carácter integral, en el que todos los recursos operan como un dispositivo único al servicio de una cobertura universal de la asistencia sanitaria, permiten alcanzar unos altísimos niveles de calidad e igualdad independientemente del lugar de residencia, además de ser un importante factor de cohesión social. Sería lamentable que por fines exclusivamente económicos, perdiéramos este logro  colectivo, que incide sobre la calidad de vida de las personas, precisamente ahora que más necesitan ser atendidas. Solo de mentes aquejadas de alguna grave patología o desprovistas de cualquier planteamiento ético, puede esperarse una destrucción premeditada de ese patrimonio colectivo.  Además si recurrimos a nuestra Historia observamos  que se ha ido consolidando una normativa jurídica, que manifiesta un rechazo pleno a hacer dinero con la Seguridad Social y, en particular, con la salud. En el artículo 4 de la Ley de la Seguridad Social de 1994  “En ningún caso, la ordenación de la Seguridad Social podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil” E igualmente en la Ley 193/1963 de Bases de la Seguridad Social en  su Base 1ª.  Nunca un derecho fundamental  debiera servir para hacer negocio.  Mas, sabemos que  a estos políticos les parece normal que la sanidad y la educación sean lucrativas y que los consumidores decidan quiénes son sus proveedores. Son auténticos desalmados, pero coherentes.

 No les detiene nada ni nadie. Ni la grandiosa  oposición política y sindical, ni mareas blancas, ni huelgas, ni las más de 900.000 firmas; ni tampoco el apoyo masivo de la sociedad madrileña.¿Qué servidumbres tienen para mantener inquebrantables sus propósitos? El  botín es apetitoso: los 7.100 millones del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid. Lo tienen todo perfectamente programado. Su objetivo es deteriorar, desprestigiar, y “eviscerar”  la sanidad pública. Lo llevan haciendo ya hace tiempo. Ahora con la jubilación forzosa de médicos de la sanidad pública, muchos de ellos auténticos maestros en su disciplina. La Comunidad se ahorra  unos 40 millones con estos despidos, que al no ser reemplazados, deberían serlo en un 10%, se  cierran camas, consultas y quirófanos, se reducen urgencias ambulatorias, se incrementan las listas de espera, lo que expulsa a muchos enfermos a la sanidad privada, aumentando su clientela. El negocio para las grandes empresas privadas es grandioso, cuyos pingües beneficios acabarán en las islas Caimán, por lo que además colocarán como consejeros a los Güemes de turno. ¡Realmente la jugada es maestra!

Según Joan Benach el propósito es reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, este se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud. Desolador.

No obstante, parece que algo está cambiando, ya que las empresas de Capio, Sanitas y Ribera Salud dudan ahora en acudir al concurso para la gestión de seis hospitales. El TC ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad, que podría suspender la medida, presentado por el PSOE basado en “la vulneración de los artículos 9.3 (principio de legalidad), 14 (principio de igualdad), 41 (régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos), 43 (protección de la salud), 149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social), 149.1.18 (régimen jurídico de las Administraciones Públicas)”.

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