Entre las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón en su IX legislatura hay algunas que no han cumplido los objetivos que enumeran en sus preámbulos, en todo o en parte.  Se trata por eso de leyes que podríamos denominar “frustrantes”, por haber despertado unas expectativas que no han llegado a realizarse. Sus mandatos no se han puesto en práctica, bien sea por dificultades políticas, bien sea por falta de dotaciones económicas o por invadir competencias estatales y provocar recursos de inconstitucionalidad. Algunas de esas leyes aprobadas merecen un especial comentario.

Cuando concluye una legislatura de las Cortes de Aragón parece lógico efectuar un balance de la labor legislativa desarrollada, aunque no pueda ser tan extenso como exigiría un comentario detallado. Como dato a tener en cuenta se pone siempre especial énfasis en el número de leyes aprobadas, pero ello debe completarse con la consideración de su trascendencia social, su calidad y la eficacia de la regulación aprobada. No debe olvidarse que lo que caracteriza a las leyes –más que sus declaraciones de intenciones o su enumeración de objetivos y principios--, es el carácter imperativo de sus mandatos y su capacidad de obligar a sus destinatarios, tanto sean gobiernos o ciudadanos.

Insultar, según el Diccionario, es dirigir a alguien o contra alguien palabras, expresiones o gestos con intención de lastimar u ofender. Hay insultos que parten de una intención premeditada de desprestigio del adversario; otros, se producen en momentos de excitación en el calor de una discusión. Insultos de los dos tipos parecen haberse hecho habituales en los debates entre nuestros políticos.

La reciente ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón, aprobada por las Cortes de Aragón, viene provocando posiciones extremadas, que van a acabar ante el Tribunal Constitucional. No es fácil opinar sobre el tema porque, al tiempo que la ley despierta simpatía por lo que pretende suponer de afirmación del aragonesismo político, no pueden evitarse las críticas desde el punto de vista de la calidad jurídica y la aplicabilidad de las normas aprobadas.

Un artículo de la Ley de capitalidad de Zaragoza sirvió al Gobierno municipal de “Zaragoza en Común” para atribuirse la mayoría en las sociedades municipales. Lo que ha provocado un profundo enfrentamiento con los demás grupos políticos municipales. Más allá de los aspectos jurídicos del asunto, resulta sorprendente la reacción de los partidos políticos aragoneses, pues todos propusieron o no se opusieron a la aprobación de la norma que ampara esa decisión.

La Presidenta de las Cortes anuncia hace unos días que la Agencia aragonesa anticorrupción podría estar en marcha en unos meses, transcurrido ya un año desde su aprobación. Esta Agencia, dependiente de las Cortes, se encargaría de recibir e investigar denuncias de ciudadanos y funcionarios sobre comportamientos irregulares no conformes con la ética.