Más mentiras: la limitación de retribuciones de los altos políticos locales y de otros gastos
Todas las encuestas muestran que la opinión pública española considera uno de los principales problemas del país la conducta de la clase política profesionalizada, que no tiene altura para encontrar salida a la crisis actual, que no reacciona ante la pobreza creciente de muchos ciudadanos y que no está dispuesta a renunciar a sus privilegios.
Una muestra más de la hipocresía reinante es la relativa a las retribuciones de los altos cargos políticos locales. En la referencia del Consejo de Ministros de julio de 2012 sobre el Informe del “Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” (el ampuloso título ya sería motivo de risa, si la realidad no fuera tan triste), se decía textualmente:
“A partir de la próxima Ley de Presupuestos, los presupuestos de cada año fijarán los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio. Ningún Alcalde ni Presidente de Diputación podrá cobrar más que un Ministro (68.981,88 euros) ni las retribuciones de la Corporación podrán suponer más del 0,6 por 100 del total de gastos del presupuesto municipal.”
¿No parece tan terrible, verdad? Pues el Boletín del Congresos de los Diputados publica el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2013 y no se encuentra en él ningún artículo sobre el asunto. Y no es un olvido más, puesto que la presentación aclara que el inminente Proyecto de Ley de Racionalizacion y Sostenibilidad de la Administración Local limitará las retribuciones de alcaldes y miembros de las Corporaciones locales.
¿En que quedamos? Es bochornoso este peloteo entre leyes, que lo que pretende es no tocar privilegios y retrasar la puesta en vigor de esa limitación retributiva anunciada, que ya no tendrá eficacia en 2013 y queda a la espera de la aprobación de una futura ley que es dudoso llegue a aprobarse algún día.
¿Es que se han rebelado los afectados? Porque hay un número importante de pesos pesados –de nivel nacional o de provincias—de variados partidos que se verían aludidos, y que, si tuvieran más sensibilidad, no necesitarían que les obligara una ley para moderar las retribuciones que ellos mismos se fijaron. Porque cobran bastante más del límite previsto, desde luego, las Alcaldesas de Madrid y Valencia, o los Alcaldes de Barcelona, Sevilla y Málaga. Y en Aragón, el Alcalde de Zaragoza y el Presidente de la Diputación provincial zaragozana. Solo los seis mayores Ayuntamientos españoles suman quince millones de sueldos de ediles y gastan otros 34 millones en asesores.
Otro caso: Ahora nos enteramos de que la Presidenta de Aragón ha contratado por 42.300 euros, más IVA, al politólogo y director de publicaciones de FAES (¡que casualidad, la Fundación de Aznar¡), para que le haga análisis, informes y comunicaciones, pese a parecer obsesionada por hacer recortes. ¿Tiene eso sentido e estos momentos de penuria pública? ¿No hay entre los 44.000 empleados de la DGA ninguno que le pueda hacer esa labor? ¿No hay nadie en el PP aragonés (congresistas, senadores, diputados en Cortes, diputados provinciales, concejales, asesores, altos cargos del partido, todos con sueldo) capaz de ayudarle? ¿Desprecia su formación y experiencia (ella sabrá por qué)? ¿El Sr. Quintanilla conoce algo de la realidad aragonesa? ¿O solo se trata de que le proporcione esos lugares comunes bien rebozados o engoladas frases de aparente gran estadista, que tanto gustan a la Sra. Rudi?
Sin comentarios, que estos hechos producen bochorno y se juzgan por si mismos.