Cultura y Sociedad - 30/04/13

Quien da pan a perro ajeno, pierde pan y pierde perro

Elena_ValencianoAcabo de leer unas declaraciones realizadas por la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en las que señala que su partido denunciará el Concordato con la Santa Sede en el caso de que el Gobierno decida modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para «limitar la libertad de las mujeres». Los cimientos de San Pedro del Vaticano comienzan a temblar por tales amenazas. Me siento profundamente desilusionado como votante de izquierdas, no por la primera parte del juicio emitido, sino por la parte segunda. Más claro, un partido socialista debería denunciar el Concordato por principios ideológicos y no ser una respuesta a una posible modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por otra parte, aunque se modifique por el Gobierno del PP  la IVE, tengo la total seguridad de que tampoco denunciará el Concordato el PSOE, si llega  al poder,-algo muy complicado si no cambia su discurso político-, porque ocasiones no le han faltado para haberlo hecho, y sin embargo no lo ha hecho, obrando de una manera contraria a la manera de pensar de la mayoría de sus votantes. No obstante, conviene hacer un poco de historia.

Una de las asignaturas pendientes de la Transición Democrática en nuestro país es la cuestión religiosa. Las relaciones Iglesia Católica-Estado tal como se establecieron en los Acuerdos de 1976 y 1979 no parecen ser las idóneas en una sociedad “democrática”. En esas fechas, tanto la Iglesia católica española y el Vaticano por un lado; y, por otro, la clase política, en su mayoría, estaban de acuerdo que el Estado confesionalmente católico heredado del franquismo era un anacronismo en la Europa democrática del momento. Había que establecer las relaciones Iglesia-Estado sobre unas nuevas bases. Los principales partidos políticos, conocedores de la historia de la II República, no quisieron que nuevamente la cuestión religiosa volviera a envenenar la convivencia entre los españoles, por lo que se marcaron el objetivo de llegar lo más pronto posible a un acuerdo negociado con la Iglesia. El poder del confesonario y del púlpito es impresionante, por lo que decidieron pactar con él y se le hicieron excesivas concesiones tanto con los Acuerdos como en nuestra Carta Magna. Si éste no se hubiera conseguido, probablemente nuestra transición hubiera sido diferente.

El 28 de julio de 1976 se firmó al primer Acuerdo. Fue un documento breve, de menor extensión que los cuatro posteriores firmados en 1979, que versan sobre Asuntos Jurídicos, Enseñanza y Asuntos Culturales, Asuntos Económicos, y Relaciones entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Lo fundamental del primero radicaba en que el gobierno renunciaba a sus privilegios de patronato eclesiástico, y la Iglesia reafirmaba su lealtad con la libertad religiosa y su renuncia a determinados privilegios jurídicos del Concordato de 1953. En el intermedio se elaboró la Constitución de 1978, en la que si bien se declaraba la aconfesionalidad del Estado, por otra parte se contentaba a la Iglesia Católica al señalarse: «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Resulta sorprendente que se declare la aconfesionalidad del Estado y luego se cite textualmente a la Iglesia Católica en el artículo 16.3. Igualmente  en la redacción del artículo 27, que trata sobre la cuestión educativa, se hicieron nuevas concesiones a la Iglesia Católica al reconocer el derecho de los padres a asegurar la “formación religiosa y moral” de sus hijos; el derecho de personas y grupos de personas  a mantener y crear colegios; a su vez los colegios privados podían recibir subvenciones oficiales, pero si cumplían determinadas condiciones de participación de los miembros de la comunidad educativa, sobre la cuantía de la subvención era ambiguo.

Los privilegios a la Iglesia Católica continuaron, sin que ello supusiera el que dejara de quejarse. Con la LODE  de 1985 aprobada en la primera legislatura  socialista se garantizó y desarrolló el derecho a la libertad de enseñanza. A los padres y a los alumnos se les reconoció una serie de derechos que garantizan la consecución de los fines de la acción educativa de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Se aprobó la existencia de una doble red de puestos escolares, públicos y privados, estableciéndose un régimen de conciertos al que se pueden acoger centros de titularidad privada para ser financiados con fondos públicos.

Ya vemos lo que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, de no remediarlo, que la enseñanza concertada va cada vez a más en detrimento de la pública, y convirtiéndose esta en subsidiaria de aquella. Por ello, no dejo de sentir nostalgia de las palabras pronunciadas, un 13 de octubre de 1931 en el Congreso de los Diputados, en el debate del artículo 26 de la Constitución republicana por Manuel Azaña “En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho: pero está es la verdadera defensa de la República”. Fueron palabras premonitorias, ya que la actuación de la Iglesia Católica de apoyo incondicional a la dictadura fue total, circunstancia que tampoco debería sorprendernos. Unas breves reseñas de nuestra historia pueden servirnos. En 1788 el Santo Oficio incautó todos los ejemplares de la Encyclopédie Methodique, donde apareció el artículo Espagne, de Masson de Morvilliers en el que se decía «El español tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros, y, sin embargo, quizá sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita permiso de un fraile para leer y pensar?»

Siglo y medio después, el 8 de octubre de 1931, en las Cortes de la II República en el debate sobre la «cuestión religiosa» y la enseñanza, Fernando de los Ríos, el entonces ministro de Justicia con un profundo dolor terminó su impresionante discurso, cuya lectura a cualquier cristiano, otra cosa es si es católico, le debería estremecer «Y ahora perdonadme, señores Diputados, que me dirija a los católicos de la cámara. Llegamos a esta hora, profunda para la historia española, nosotros los heterodoxos españoles, con el alma lacerada y llena de desgarrones y de cicatrices profundas, porque viene así desde las honduras del siglo XVI; somos los hijos de los erasmistas, somos los hijos espirituales de aquellos cuya conciencia disidente individual fue estrangulada durante siglos. Venimos aquí con una flecha clavada en el fondo del alma, y esa flecha es el rencor que ha suscitado la Iglesia por haber vivido durante siglos confundida con la Monarquía y haciéndonos constantemente objeto de las más hondas vejaciones: no ha respetado ni nuestras personas ni nuestro honor; nada, absolutamente nada ha respetado; incluso en la hora suprema de dolor, en el momento de la muerte, nos ha separado de nuestros padres«.

Hecha esta incursión histórica, que no viene mal para entender determinados comportamientos de la Iglesia Católica, prosigo en mi disertación. Otra cuestión no insustancial fue el de la enseñanza de la Religión Católica en los centros públicos educativos. Una vez instaurada la “democracia”, la jerarquía católica ha defendido siempre que  se impartiera en los centros educativos públicos, cuestión muy discutible en un Estado aconfesional, y además dentro del horario lectivo, evaluable como todas las demás asignaturas importantes y, finalmente, computable a todos los efectos.  Y lo han conseguido. Ella  además nombra los profesores de religión, aunque los paga el Estado, y  si por alguna razón, como el haberse divorciado, pierden la confianza de la autoridades eclesiásticas, estas los cesan. El despedido reclama lógicamente,  la Magistratura de Trabajo le da la razón al declarar el despido improcedente, y la correspondiente indemnización la asume el Estado. Alucinante. Mas no tienen bastante. Además exigen  para que la  enseñanza de la Religión Católica no pierda su carácter de disciplina fundamental que los alumnos que no deseen recibirla tengan  una opción alternativa, prescriptiva, evaluable y computable, que tiene que impartirla el profesorado público, con su correspondiente costo económico. Aquí no ha habido recortes. Esta interpretación no deja de ser maximalista  y excluyente. Y la Conferencia Episcopal acaba de conseguir sus aspiraciones, sin necesidad de  manifestarse en las calles. El Ministerio sin negociar con los sindicatos representantes del profesorado ni con las organizaciones de padres, se ha reunido con los obispos para satisfacer sus deseos, ya que a los alumnos que no quieran religión se les impone en la LOMCE Valores culturales y sociales en Primaria y Valores Éticos en la ESO.  Alucinante. Esta imposición ya viene de lejos. Fue Otero Novas, en  1980, bajo el gobierno de UCD el ministro que introdujo el régimen de alternativa obligatoria: la asignatura de Ética, que sería evaluable, como la de religión, al igual que las demás disciplinas fundamentales. Según Gómez Llorente  “Se rechazaba así, por vez primera y -sigue vigenteñ, el régimen de pura voluntariedad —aceptar o rechazar esta enseñanza— y se afirmaba un estatuto de derechos y deberes realmente singular que «pasaba a consistir en optar entre ir a la clase de religión o purgar la heterodoxia cursando otra asignatura, de la que estaría exento si fuese a la clase de religión”. En el año 2000, con el PP se retornó a la «solución Otero»: la religión católica tendría una alternativa, evaluable y computable. La de—«sociedad, cultura y religión»—.

 

También al diktat de la Conferencia Episcopal el Ministerio ha eliminado Educación para la Ciudadanía, que no vendría mal en estos momentos. Y ha reafirmado los conciertos a aquellos colegios, especialmente del Opus, que segregan a los alumnos por sexo. La Historia se repite, ya que unas jerarquías religiosas siguen imponiendo sus opciones a toda la ciudadanía. Como dice Kolakowski “Estos comportamientos no son un testimonio de valores cristianos, sino tesis de una jerarquía totalitaria y neonacionalcatólica.

 

Siguiendo a José  M. Castillo en su libro Iglesia y Sociedad en España, esta situación de privilegio hacia una determinada confesión religiosa en detrimento de otras no es lógica en una sociedad democrática y se debe a una interpretación sesgada y maximalista de los Acuerdos firmados con la Santa Sede y a determinados artículos constitucionales, anteriormente mencionados que se alcanzaron en un determinado contexto político, ya comentado, que hoy es muy diferente, ya que la “democracia” por lo menos formal es irreversible y las fuerzas políticas dominantes son otras. Además la sociedad española actual es muy distinta a la de 35 años atrás. Hoy la sociedad española es plural, ya no es el monolito cultural que se pretendió conseguir por las buenas o por las malas hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado. La globalización de las comunicaciones, el flujo de capitales y mercados por doquier y, especialmente, los movimientos migratorios están generando una nueva sociedad, con personas de culturas, tradiciones, intereses, creencias y maneras de entender la vida, no sólo diferentes, sino con frecuencia antagónicos. Además España es una sociedad constitucionalmente laica, así lo reconoce nuestra Constitución, porque así lo hemos querido libre y mayoritariamente los ciudadanos españoles; entendiendo que el Estado debe ser independiente de toda influencia religiosa o eclesiástica, en este sentido es laica. Por último, hoy es una sociedad democrática, así lo establece por lo menos nuestra Constitución, y por ello es posible, o debería serlo, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Los cambios, anteriormente expuestos, han producido una España diferente, en la que la Iglesia Católica está descolocada, ya que no puede entender ni adaptarse al cambio, ni acepta el pluralismo, ni le cabe en la cabeza una sociedad laica, ni por supuesto ha sabido adaptarse a una sociedad democrática, sobre todo, porque es una institución per se antidemocrática; de hecho el Estado del Vaticano, es la última monarquía absoluta que queda en Europa, cosa que queda patente en el artículo primero de su Constitución donde se establece que los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, se concentran en el Romano Pontífice. Así, hoy no es de recibo el mantenimiento de unos acuerdos y artículos constitucionales, que podrían explicarse y justificarse en determinadas circunstancias coyunturales, que han desaparecido de pleno.

 

Quiero terminar con una advertencia cariñosa y respetuosa a los dirigentes del PSOE. Todos los gobiernos socialistas han sido especialmente condescendientes y magnánimos con la Iglesia Católica, una institución caracterizada por la intransigencia y totalmente contraria el pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad, principios básicos de un sistema democrático. Es una realidad incuestionable. No sé si este proceder se ha debido a que los González, Rodríguez Zapatero o Rubalcaba han llegado a pensar que estas políticas de mano tendida hacia la Iglesia Católica, eran y son rentables electoralmente y así se podían y pueden rascar votos por la derecha. Creo que son erróneas. Más todavía, al respecto, me viene a la memoria el refrán: Quien da pan a perro ajeno, pierde pan y pierde perro. De verdad, es que no aprenden la lección.

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