Por una democracia de calidad
Es hora de pensar en sanear listas, cargos y comportamientos
El barómetro del Centro de Investigaciones sociológicas del pasado noviembre incluía entre los principales problemas de los españoles “la clase política y los partidos”, en tercer lugar, tras el paro y los problemas económicos.
Una llamada de atención, que viene a ratificar la sensación tan extendida, ante los casos de corrupción, el amiguismo y las redes de influencias, de que es hora de intentar mejorar nuestro sistema democrático, partiendo de que todos estamos de acuerdo en que la democracia es un sistema político mejor que cualquier otro y que nos ha costado mucho instaurarlo. Por eso, hay que perfeccionarlo y liberarlo de las malas costumbres adquiridas en los últimos tiempos. Joaquín Leguina ha podido escribir que, “el mangoneo en España es el rey de la vida política” y “la corrupción no es otra cosa que el mangoneo remunerado”.
Sanear el sistema no es fácil; puede que sea útil modificar alguna ley o hacer códigos de conducta (aunque todo el mundo debería saber ya, sin necesidad de grandes manuales, qué es lo correcto), pero los problemas de fondo –y eso es lo que ha detectado la opinión pública—son más profundos: afectan a los partidos políticos y a la clase política dominante, aunque haya una gran mayoría de políticos honestos y que trabajan por el interés general.
La realidad es que con el paso del tiempo se ha incrementado el poder de los aparatos de los partidos: las listas cerradas y bloqueadas hacen que en sus manos esté decidir quién puede ser elegido (“el que se mueve no sale en la foto”), y que su profesionalización y retribución ha hecho que no se acepte la renovación (es triste recordar que en los inicios democráticos todos los partidos apostaban por una limitación en la duración de los cargos). Hoy la mayor parte de los cargos políticos aspiran a jubilarse en puestos de poder; es explicable porque muchos carecen de otra profesión a la que volver o su posible nueva dedicación sería de nivel mucho más modesto, económica y socialmente. Y esa aspiración a permanecer indefinidamente cierra el paso a la renovación de ideas y de personas, y conduce a la pérdida de los valores éticos e ideológicos por los que se pudo querer luchar al principio.
De vez en cuando, cuando surge un nuevo escándalo, se habla de regeneración y se desea decencia; pero quienes podrían hacer algo hacen muy poco por avanzar en ese camino. Entre otras posibles actuaciones, para mejorar la calidad de nuestra democracia sería preciso un mayor compromiso de las direcciones de los partidos y un mayor respeto a los organismos de control.
Hay que suponer que en los partidos se conoce antes y mejor que los ciudadanos quiénes son y qué hacen sus representantes; se han integrado en sus listas y debiera exigírseles una conducta ética y estética intachable. Cuando estallan ciertos casos de corrupción, la opinión pública no entiende que los compañeros y jefes del partido no hayan apreciado antes nada sospechoso. Que no conocíeran la inexplicable mejor fortuna del beneficiado y sus malas compañías o no les sorprendíera la difícil justificación de algunas decisiones adoptadas. Aplicar los códigos éticos sin contemplaciones en el interior de los partidos debería ser una fórmula esencial para recuperar el prestigio perdido.
También habría de aumentar el respeto y el aprecio por los organismos de control, que pueden ayudar, con sus dictámenes o su inspección, a mejorar la toma de decisiones y la exigencia de responsabilidades. En esta materia no podemos estar orgullosos: es lamentable que las Administraciones ignoren o demoren contestar peticiones de información del Justicia de Aragón; es bochornoso que, creada por ley una Cámara de cuentas en 2001, considerada “un órgano esencial para el ejercicio de la autonomía financiera”, se haya incumplido la ley y no se haya puesto en funcionamiento esa Cámara a lo largo de nueve años (esperemos que ahora vaya en serio). Y, previsto en el Estatuto de Autonomía de 2007 un Consejo Consultivo de Aragón, que deberá dictaminar con garantías de objetividad e independencia asuntos de especial importancia, y regulado por la Ley 1/2009, de 30 de marzo, han pasado más de nueve meses sin que se haya nombrado todavía a sus miembros.
Watchmen