La reciente ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón, aprobada por las Cortes de Aragón, viene provocando posiciones extremadas, que van a acabar ante el Tribunal Constitucional. No es fácil opinar sobre el tema porque, al tiempo que la ley despierta simpatía por lo que pretende suponer de afirmación del aragonesismo político, no pueden evitarse las críticas desde el punto de vista de la calidad jurídica y la aplicabilidad de las normas aprobadas.