“La nación española reunida en Cortes Constituyentes, deseando asegurar la libertad, cumplir la justicia y realizar el fin humano a que está llamada en la civilización, decreta y sanciona el siguiente Código fundamental: [...] Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales. [...]

Este artículo es, en realidad, un comentario de un texto histórico importante en la Historia contemporánea de España y, especialmente de republicanismo. Estamos hablando de la circular que Pi i Margall envió a los gobernadores en el mes de febrero de 1873 dando noticia de la proclamación de la República, una vez que el rey Amadeo I había decidido abdicar y la Cortes, en virtud de la representación nacional, habían reasumido los poderes.

Como es sabido, el juicio por jurado es aquel que se sustancia a través de un tribunal –jurado- integrado por ciudadanos, legos en cuestiones jurídicas, que determinan el hecho justiciable o la culpabilidad del acusado, pero, por otro lado, con jueces profesionales, a los que les correspondería la imposición, en su caso, de la pena.

El artículo 41 de la Constitución de 1931 se refiere a los funcionarios públicos: “Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. La separación del servicio, las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la ley. No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas, sociales o religiosas. Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes, conforme determine la ley. Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado. Las Asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Estas Asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de los funcionarios.”

El Título IX de la Constitución de 1812 trataba de la instrucción pública, algo que no se volvería a repetir en un texto constitucional español hasta la Segunda República. En el artículo 368 se explicitaba la obligación de que se explicase la Constitución. El Proyecto de Decreto de 7 de marzo de 1814 especificaba que la enseñanza de la Constitución se inscribiría en la denominada segunda enseñanza.

El proceso constituyente de la Segunda República supone un momento crucial de una gran relevancia porque se tradujo en un intenso debate entre distintas posturas y sensibilidades, ya que, en el mismo se intentaba democratizar el sistema liberal clásico, ya superado por la Dictadura de Primo de Rivera, en clara polémica con las resistencias al cambio de otros sectores políticos, sociales y económicos, y ante las urgencias de una gran parte de la sociedad española con tantas carencias y dificultades.

¿Qué es España? En realidad, habría muchas definiciones de España, en función de diversos criterios, siendo fundamentales los derivados de las distintas opiniones y posiciones ideológicas e intelectuales, especialmente desde la Generación del 98 hasta ahora. El objetivo de este breve artículo no pasa por hacer un ejercicio de análisis sobre lo que han opinado intelectuales, políticos, partidos, colectivos, grupos o ideologías en la historia contemporánea sobre el ser de España. Nuestro propósito es mucho más sencillo. España ha sido definida desde 1812 hasta 1978 de distintas formas en sus Constituciones y leyes fundamentales. Vamos a adentrarnos en ellas, sin olvidar que todas esas definiciones, por supuesto, reflejan la ideología dominante de cada momento. Las definiciones pasan, realmente, por definir el sistema político de cada momento, aunque en el momento fundacional de la historia contemporánea española, es decir, en las Cortes de Cádiz, la definición de España se hizo más compleja porque había que romper con la Monarquía absoluta y el Antiguo Régimen.